14 detenidos en melilla y varias provincias por corrupción en la adjudicación de contratos públicos

La Guardia Civil anunció hoy la detención de 14 personas en Melilla, Madrid, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria por presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos.
Según informó el Instituto Armado, está prevista la detención de una persona más, por lo que el número de arrestados se elevaría a 15. A los implicados se les acusa de los delitos contra la administración pública, al tiempo que a algunos de ellos también se les atribuyen blanqueo de capitales y falsedad documental.
Los arrestos se produjeron en el marco de una nueva fase de la ‘operación Tosca’, que está efectuando en Melilla, Madrid, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. En esta etapa de las pesquisas, los investigadores entregarán en los próximos días citaciones a otros implicados para que comparezcan ante la autoridad judicial en calidad de imputados.
Las investigaciones se iniciaron en 2013, cuando la Guardia Civil de Melilla, durante el desarrollo de una operación relacionada con delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales, intervino diversa documentación. Ésta evidenciaba el desvío de fondos públicos y otros actos de corrupción, en procedimientos de adjudicación de contratos públicos dentro de Melilla (‘operación Opera’).
MANIPULACIÓN DE CONTRATOS
Tras estas primeras actuaciones y efectuadas varias detenciones de altos cargos de Melilla y registros en distintas consejerías de esta ciudad, a finales del año 2013 la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación.
Así, en el mes febrero del año 2014, los agentes realizaron nuevos registros en Consejerías de la ciudad autónoma, sociedades mercantiles vinculadas con los contratos investigados y en domicilios particulares.
Tras el análisis de la documentación intervenida en estos últimos registros, se detectó la existencia de varias personas que, de forma fraudulenta gestionaban fondos públicos en connivencia con funcionarios, cargos públicos y directivos de distintas empresas. Los implicados manipulaban procesos de contratación por razones personales o empresariales, en lugar de guiarse por el interés general.
De estos desvíos de fondos y adjudicaciones de contratos, se habrían beneficiado económicamente las sociedades investigadas adjudicatarias de los contratos. También se detectó la obtención de beneficios por parte de algunos de los funcionarios y cargos públicos.