2013 Fue desfavorable para los derechos de las mujeres en Perú, según informe

Lima, 2 ene.- El 2013 fue un año negativo para los derechos de las mujeres en Perú, que sufrieron un "riesgo constante de retrocesos" por "las deficientes acciones estatales", señaló hoy la organización especializada Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.

Demus ofreció un balance negativo sobre el estado de los derechos de las peruanas, especialmente los relacionados a la sexualidad y reproducción, sobre los que, alertó, "se ha cernido una permanente amenaza por la acción de congresistas de posiciones conservadoras y la falta de voluntad política del Ejecutivo."

Un análisis elaborado por la experta Jeannette Llaja y difundido por Demus indicó que entre los "riesgos latentes" está la intención de eliminar la obligación estatal de ofrecer educación sexual a adolescentes, supuestamente planteada en el proyecto de ley del Nuevo Código de Niños, Niñas y Adolescentes.

Aseguró que esto "implicaría inclusive desconocer la legalidad del aborto terapéutico", que fue aprobado en Perú durante las primeras décadas del siglo XX, aunque nunca se ha aplicado por carecer de un reglamento oficial.

Según Demus, esto pone "en evidencia la contradicción existente entre el discurso oficial, favorable a los derechos humanos de las mujeres, expuesto en diversas citas y eventos internacionales y otros de carácter nacional, y las decisiones de Estado, que en el 2013 no han generado cambios orientados al reconocimiento integral de todos los derechos que les corresponde."

"El Gobierno habla del derecho a una vida libre de violencia pero le asigna apenas un 0,07 % del presupuesto del Ejecutivo, aprueba el plan para la prevención del embarazo adolescente con dos años de retraso, y hasta hoy no da luz verde al protocolo del aborto terapéutico", señaló Llaja en el informe.

Consideró también como negativa la acción estatal en torno a las observaciones que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo sobre el Quinto Informe Periódico de Perú, en marzo del año pasado.

Aseguró, al respecto, que no se han tomado acciones para garantizar justicia y reparación a las víctimas de violencia sexual durante el conflicto interno que afrontó el país entre 1980 y 2000.

Además, que no existe ningún sancionado ni se han entregado reparaciones integrales a las mujeres que denunciaron que fueron esterilizadas contra su voluntad durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).

Demus indicó que tampoco se ha promovido la revisión de la legislación punitiva de las interrupciones de embarazo -previendo las excepciones por violación e incesto- e incluido la anticoncepción oral de emergencia entre los métodos proveídos en los establecimientos públicos de salud para prevenir las gestaciones tempranas y la mortalidad materna.

El organismo sostuvo que tampoco se ha impulsado una legislación que penalice las agresiones domésticas, ni garantizado que las denuncias de las mujeres sean investigadas, los responsables sancionados y las víctimas cuenten con medios eficaces de protección.

"Si bien se cuenta con un tipo penal específico para el feminicidio, ello no es suficiente para enfrentar la violencia de género una de cuyas manifestaciones crecientes es la violencia sexual, pese a lo cual el Gobierno no destina un presupuesto suficiente para hacer frente a este problema ni lo articula a las prioridades nacionales", acotó Llaja.

Para la representante de Demus, este panorama demuestra que el discurso oficial en defensa de los derechos de las mujeres "tiene un techo marcado por la falta de laicidad del Estado que lo hace permeable a los intereses de grupos conservadores opuestos a los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres adultas".