EL GOBIERNO CIERRA EL 80% DE LOS ACUERDOS DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Gobierno de España y los de las comunidades autónomas tienen cerrados ya el 80% de los acuerdos previstos para la Conferencia de Presidentes que el martes congregará en Madrid a Mariano Rajoy y a los jefes de gobierno de las administraciones territoriales, con la excepción de Cataluña y País Vasco, que han rechazado participar.
Fuentes gubernamentales informaron a Servimedia que el Ejecutivo ha consensuado con las comunidades autónomas la aprobación de diez documentos sobre problemas comunes para ponerles solución. El más importante de todos ellos es la financiación autonómica, el tema en el que precisamente hay más fricciones por los intereses diversos de los gobiernos autonómicos, aunque se espera sacar adelante un acuerdo de mínimos para resolver por completo el asunto en 2017.
Además de sobre financiación autonómica, el Gobierno de Mariano Rajoy ha negociado otros nueve acuerdos con las comunidades sobre el reto demográfico, un pacto de educación, cooperación en Protección Civil, unidad de mercado, creación de una tarjeta social, aplicación del bono social, participación de las autonomías en asuntos europeos, políticas de empleo y el reglamento con el que a partir de ahora funcionará la Conferencia de Presidentes.
El Gobierno de España y los gobiernos autonómicos han intercambiado documentos a lo largo de toda esta semana hasta alcanzar un consenso general en el 80% de los puntos que están sobre la mesa y que deben ser aprobados el martes en la reunión de máximas autoridades de la administración que acogerá el Senado.
Las fuentes consultadas aseguran que el nivel de diálogo y de capacidad de acuerdo entre gobiernos de muy diferente color político está resultando “sorprendente” respecto a anteriores ocasiones y con una actitud “muy constructiva” de las comunidades que dirige el PSOE. De hecho, Asturias o Valencia, por ejemplo, han liderado la redacción de dos de los documentos que aprobará la Conferencia de Presidentes, sobre el reto demográfico y la colaboración en asuntos europeos, respectivamente.
DIEZ DOCUMENTOS PARA APROBAR
El documento más importante que pretende sacar adelante el Ejecutivo de Mariano Rajoy es el que afecta a la financiación autonómica, que previsiblemente plasmará el compromiso de crear en el plazo máximo de un mes una comisión de expertos de las diferentes administraciones para negociar un nuevo modelo y que a la vez busca constituir otro grupo de trabajo para solucionar la falta de financiación de la Ley de Dependencia.
Este acuerdo no podrá cerrarse por completo hasta la propia Conferencia de Presidentes, ya que siguen negociándose aspectos y planteándose demandas desde las comunidades. Lo mismo sucede con otra resolución sobre unidad de mercado y reposición de puestos fijos de funcionarios en las comunidades autónomas, que podría poner fin a la temporalidad de muchos trabajadores de las administraciones autonómicas en hospitales, centros médicos y colegios, por ejemplo.
Los asuntos que más puntos en común han concitado son los que demandan un pacto social y político entre todos los partidos y administraciones para cambiar la ley de educación e implantar un modelo que perdure en el tiempo. También hay consenso unánime en la creación de un Consejo Nacional de Protección Civil antes del 31 de marzo para dar cumplimiento a la nueva ley de 2015 y que debe servir para mejorar el trabajo conjunto y la colaboración entre administraciones en momentos de especial necesidad o gravedad.
Gobierno y comunidades autónomas tienen otro principio de acuerdo para crear un grupo de trabajo en tres meses que impulse la puesta en marcha de una tarjeta social común a todas las administraciones, para mejorar la coordinación a la hora de evitar el corte del suministro eléctrico a personas con pocos recursos, para facilitar la participación en debates y foros de la Unión Europea y para potenciar la creación de empleo con mejores políticas y la promoción de la Formación Profesional Dudal.
La despoblación de algunos territorios de España ha motivado que varias comunidades de color político distinto hayan trabajado conjuntamente en una declaración para elaborar una estrategia nacional. Asturias, Galicia, Aragón y Castilla y León han liderado este debate, que el Gobierno de España ha asumido como propio pero que ha dejado en manos de las comunidades más afectadas por este problema.
Por último, la Conferencia de Presidentes pretende aprobar un décimo documento en el que se plasmará el método de funcionamiento de este foro, con el propósito de fijar la obligación de reunirse una vez al año. De ello se encargará un comité preparatorio que hará seguimiento de lo acordado cada seis meses y una secretaría permanente que coordinará los trabajos.