AMNISTÍA LLEVA A MÉXICO EL CASO DE UNA BEBÉ ROBADA DURANTE EL FRANQUISMO

Amnistía Internacional (AI) ha presentado en la Procuraduría General de la República de México una denuncia sobre Ligia Ceballos Franco, que hace unos años descubrió que nació en España en 1968 con una identidad distinta y que fue entregada a quienes hasta hace poco consideraba sus padres biológicos, un caso que la organización enmarca en el “entramado de bebés robados” que se produjo en el franquismo.
Para AI, algunos de los casos de bebés robados podrían ser hechos constitutidos de desaparición forzada, un crimen de derecho internacional cometido en España durante la Guerra Civil y el franquismo. Hasta ahora, las investigaciones españolas por estos casos no han fructificado, ni tampoco han contemplado su posible encuadre como crímenes de derecho internacional, particularmente como desapariciones forzadas.
En este contexto, las víctimas se ven obligadas a recurrir a buscar justicia en otros países. Por ello, AI presentó este miércoles en México una querella por el caso de una bebé robada en España en 1968, que hizo público este jueves.
Amnistía Internacional señaló en un comunicado que ha documentado “numerosos indicios” que indican que Ligia Ceballos, registrada en su nacimiento (el 29 de mayo de 1968) como María Diana Ortiz Ramírez, pudo haber sido sustraída a su familia biológica con el consentimiento de las autoridades españolas a través de la intermediación de la Diputación de Madrid y con la asistencia del Arzobispado de Madrid.
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, indicó que este caso “reviste las notas características de una desaparición forzada como crimen de derecho internacional” y en él “concurren otros elementos que Naciones Unidas ha identificado como recurrentes de las desapariciones forzadas de menores, como son, por elejmplo, el registro de la niña con información falsa o la falsificación de documentos como su partida de nacimiento”.
“Mis padres fueron buenas personas, me criaron, me quisieron y me dieron todo lo que pudieron. Esto no es en contra de ellos, sino a favor de la justicia de otras historias como la mía. Esto es por las personas a quienes el franquismo les arrebató su vida”, afirmó Ligia Ceballos.
SIN RESULTADOS EN ESPAÑA
Pese a que en España se han iniciado investigaciones sobre casos de bebés robados, Amnistía apuntó que “no han dado prácticamente ningún resultado y la justicia siempre los ha abordado como delitos comunes (detenciones ilegales, adopciones irregulares o falsedades documentales) y como casos aislados, descartando desde un primer momento la posibilidad de que tales delitos pudieran responder a una trama a nivel nacional o pudieran ser constitutivos de crímenes de derecho internacional”.
Amnistía Internacional indicó que la Fiscalía General del Estado ha confirmado a esta organización que ninguna de las 2.083 diligencias iniciadas en relación con el robo de bebés había llegado a la fase de juicio.
Sin embargo, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, tras hacerse eco de miles de denuncias interpuestas en España sobre este tipo de casos, señaló en 2014 que las investigaciones judiciales debían contemplar, ante la existencia de suficientes indicios, las posibles conexiones entre múltiples casos de alegadas sustracciones ilegales de menores, y recalcó el año anterior que el robo de niños con el conocimiento del Estado puede ser considerado como casos de desapariciones forzadas.
Tanto ese Grupo de Trabajo como el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas recomendaron que el Estado español fortaleciera los esfuerzos para buscar e identificar a los niños víctimas de este tipo de delitos, tal y como se reconoce en el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, que establece que tienen derecho a “preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares”.
“España no sólo no aborda el tema como un delito de desaparición forzada, sino que cuando algún otro país, como Argentina, inicia investigaciones que incluyen casos de bebés robados y los enmarca como crímenes de derecho internacional, obstaculiza dichas investigaciones consolidando la impunidad de estas graves violaciones de derechos humanos”, comentó Beltrán.
La directora de Amnistía Internacional México, Tania Renaum, explicó que esta organización tiene “varios motivos” para presentar una denuncia sobre el caso de Ligia Ceballos en México. “Primero, la búsqueda del derecho a la verdad y el derecho a la identidad. Sabemos que si se logra judicializar estos derechos podría constituir un importante precedente para otros casos. Segundo, España no está arrojando resultados concretos porque muchos de estos delitos siguen en el olvido. Por ello, el caso encuentra anclaje en el derecho penal mexicano. Tercero, Ligia es una ciudadana mexicana y tenemos la responsabilidad de mostrar públicamente que se hace justicia en su país”, apuntó.
Por ello, Amnistía Internacional ha pedido a la Procuraduría General de la República en México que inicie sin dilación una investigación exhaustiva sobre este caso para aclarar si se trata de un caso de desaparición forzada, ayude a Ligia a buscar a su familia, restablecer su identidad biológica y el vínculo familiar, y reclamó al Estado español que colabore plenamente con las solicitudes de cooperación que emitan los tribunales mexicanos cuando decidan investigar el caso.