(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. VARIOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PIDEN LA COMPARENCIA DEL FISCAL GENERAL POR LA ORDEN DE INTERROGAR A LOS ALCALDES PRO 1-O

Los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, ERC, PNV y los representantes parlamentarios de Compromís, PDeCat y Bildu han pedido esta tarde la comparecencia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ante la última decisión de la Fiscalía contra los alcaldes que se han mostrado partidarios del referéndum del 1 de octubre.
En el texto presentado ante el registro del Congreso, se solicita la comparecencia de Maza ante la Comisión de Justicia para “informar sobre la decisión de abrir diligencias e interrogar a todos los alcaldes que han manifestado su apoyo con el referéndum y en caso de no comparecencia se acordaría su detención y presentación a la Fiscalía". También para "informar de las actuaciones que está llevando a cabo la Fiscalía que atenta contra la libertad de expresión”.
En rueda de prensa posterior al registro, el diputado del PDeCat y también alcalde de Tortosa, Ferrán Bel, denunció que se hayan enterado de esta actuación “a través de la prensa”, lo que le permitió bromear sobre la “seriedad” del proceso judicial.
Bel dijo que él es uno de los 700 alcaldes que van a “a ser citados en condición de investigados por un delito tan grave como es facilitar el voto de nuestros conciudadanos” y criticó que esta “no es más que una muestra de la incapacidad e impotencia” del Estado para abordar esta cuestión.
“Como alcalde, tenemos la impresión de que es una medida más para causar miedo a los alcaldes y a la población en general, pero no va a haber miedo”, expresó.
En este sentido, consideró que el intento de “investigar en bloque al 75% de alcaldes de un país no tiene precedentes, no en un estado democrático”; por lo que lo interpretó como una “muestra más de la incapacidad e impotencia” del Gobierno.
Como también recordaron los demás diputados, Bel incidió en que esta orden de la Fiscalía la ha impulsado “un señor reprobado por este Congreso”, el primer fiscal reprobado por las Cámara Baja es el que “manda investigar y detener en bloque al 75% de los alcaldes", remarcó.
Por su parte, Ester Capella, como portavoz de ERC, afirmó que se está “poniendo el dedo acusador en los alcaldes” y en la causa general para que “la ciudadanía no se movilice”.
Criticó que la “respuesta” del Estado ante los independentistas es el Código Penal, la Fiscalía y las “peticiones genéricas de prohibición de libertad”, e inhabilitaciones pero la “mayoría de la ciudadanía”, está “decidida a votar”.
Por parte del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Jaume Moya, de En Comú Podem, denunció que se trata de “un paso más” en esta “escalada de coacción” para que los alcaldes no intervenga en lo que es una respuesta a un “anhelo democrático”. Ahondó en que la de Cataluña es una “crisis cuya respuesta es política y no la instrumentalización burda dela justica”.
A su juicio, se trata de “un instrumento más de este auténtico estado de excepción en el que se ha convertido el Estado español con este Gobierno represor”.
En nombre de Bildu, la diputada Marian Beitialarrangoitia recordó que su formación estará “siempre del lado de las instituciones catalanes en todo lo que sea cumplir con el mandato de la ciudadanía y, la actuación de los alcaldes responde a eso, y es su obligación”.
Preguntada por si se temen altercados en las calles, la representante de ERC apeló a que la ciudadanía de Cataluña tiene un “compromiso cívico” y, en los últimos seis años de “manifestaciones masivas” en las calles “no se ha roto ni una papelera”.
De esta manera, también quiso responder al Gobierno cuando apela al radicalismo que domina el ‘procès’ porque “ir a votar no tiene nada de radical y violento”, aunque reconoció que son “radicales para cambiarlo todo, pero no en el sentido de violencia”.