Las eléctricas deberán esperar 4 meses antes de cortar la luz a los beneficiarios del bono social

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció este martes en el Congreso de los Diputados que las eléctricas deberán esperar cuatro meses, en lugar de dos como ahora, para cortar el suministro eléctrico a los hogares beneficiarios del bono social.

Durante la defensa del decreto que contiene el mecanismo de financiación del bono social y otras medidas de apoyo a consumidores vulnerables, Nadal indicó que ese será el periodo de tiempo del que dispondrán las comunidades autónomas para determinar si se trata de consumidores con vulnerabilidad severa, colectivo al que no se podrá cortar el suministro.

Además, destacó que el suministro de estos hogares será asumido por los servicios sociales autonómicos y municipales con cofinanciación procedente del bono social, que será aportada por las compañías eléctricas.

Esta serán algunas de las novedades que incluirá el reglamento que desarrollará el decreto que ha convalidado la Cámara Baja, para lo que se ha abierto un plazo de tres meses, en los que el Gobierno, según aseguró Nadal, quiere lograr “el máximo consenso”.

Otra de las grandes novedades que incluirá el reglamento es que los perceptores del bono social se distribuirán en tres categorías en función de su vulnerabilidad y que la renta será un factor determinante para percibirlo.

En la categoría de menor vulnerabilidad, que recibirá un descuento del 25% en la tarifa como hasta ahora, estarán todos los colectivos que perciben el bono actualmente. Se trata de las familias numerosas, las que tienen todos sus miembros en paro, las formadas por jubilados con la pensión mínima y quienes tienen contratos con una potencia inferior a 3 kilovatios.

En la segunda categoría, que recibirá un descuento mayor que todavía está por definir, estarán aquellos hogares con situaciones de mayor vulnerabilidad por factores de renta.

Por último, la tercera categoría estará formada por los hogares con una vulnerabilidad severa, que son aquellos a los que no se les podrá cortar el suministro.

El decreto, que está en vigor desde el pasado 25 de diciembre, corrige las deficiencias que provocaron que el Tribunal Supremo suspendiera la financiación del bono, ya que este pasa a ser financiado por todas las compañías comercializadoras.