(AMPLIACIÓN) CGPJ Y PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN

- La plataforma aglutina a 30.000 ONG y trabaja en favor de los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, firmaron este martes un convenio marco de colaboración entre ambas instituciones.
El objetivo del convenio es promover la divulgación de la realidad y los problemas sociales entre jueces y magistrados y en la Escuela Judicial e impulsar el acercamiento de las organizaciones sociales al Poder Judicial y su funcionamiento.
LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD
La Plataforma del Tercer Sector fue fundada en enero de 2012 por siete de las organizaciones más representativas del país en el ámbito de lo social: Plataforma del Voluntariado de España (PVE), Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).
Tras la firma del convenio Poyato explicó, en declaraciones a los periodistas, que las más de 30.000 ONG que se integran en esta plataforma contemplan este convenio como el punto de inicio de un proceso de colaboración con el Poder Judicial para promover “que cada día haya menos desigualdad”.
La colaboración entre el órgano de gobierno de los jueces y las organizaciones sociales agrupadas en la plataforma pretende el establecimiento de una estrategia institucional común; contribuir al conocimiento de ambas partes; organizar cursos, jornadas y seminarios que sean de interés común; fomentar el intercambio recíproco de información sobre temas de investigación, libros, publicaciones e informes, y promover el debate e intercambio de experiencias.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector indicó que era “necesario” este acuerdo con el tercer pilar del Estado y mejorar la atención que prestan a “más de siete millones de personas en distintas situaciones de exclusión”.
Con la firma de este convenio, dijo, “nos ponemos a disposición del CGPJ para conocernos, identificar las causas de la pobreza y defender mejor a las personas más desfavorecidas y que cada día haya menor desigualdad social”.
Para ello, el conocimiento de los mecanismos de la justicia y el hallazgo de herramientas de defensa de los excluidos sin llegar a los tribunales es el principal objetivo.
“Hay muchas situaciones que se judicializan por problemas de comunicación o porque la gente no sabe cómo solucionarlos y llegan a los juzgados, que ya están haciendo de más. Pretendemos saber cuáles son los mecanismos de la justicia, cómo se desarrollan y que las ONG podamos gestionar mejor nuestros recursos humanos y defender mejor a nuestros representados”, remarcó Poyato.
CAUSAS HUMANITARIAS
A día de hoy, la plataforma -que tiene como objetivo promover soluciones en favor de los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión- está compuesta por 20 organizaciones y representa a cerca de 30.000 entidades del Tercer Sector, de las que forman parte 645.000 trabajadores y 1,3 millones de personas voluntarias.
El texto del convenio, que fue aprobado por la Comisión Permanente del CGPJ el pasado 7 de julio, señala que ambas instituciones “defienden bajo diferentes modalidades causas humanitarias y sociales, prestando especial atención y cuidado a aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos”.
Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados del pasado 29 de abril, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ destacó la especial sensibilidad del Consejo y de los jueces hacia los colectivos más vulnerables de la sociedad, como las víctimas de la violencia de género, las personas con discapacidad o las más afectadas por la crisis económica.
“El órgano de gobierno de los jueces no debe perder de vista la vertiente social que está en la esencia de toda actividad pública. La igualdad y la defensa de los derechos de las personas más vulnerables ha de ser también parte importante de nuestra actividad”, señaló Lesmes.