EL TC ADMITE A TRÁMITE UN RECURSO CONTRA EL ARRESTO DE UN MILITAR QUE DEFENDIÓ LA LABOR ASOCIATIVA DE UNA COMPAÑERA

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite un recurso contra el arresto que el Supremo impuso al delegado de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) en Murcia, José Salazar Pérez, por una falta grave cometida tras aseverar en un correo electrónico que a la delegada de asuntos femeninos de la asociación en dicha provincia, María Teresa Franco Martínez, le “están complicando la vida por su labor asociativa”.
El recurso de amparo, preparado por Mariano Casado, de la Asesoría Jurídica de AUME, se dirigió contra “los actos del Ministerio de Defensa”, por medio de los cuales se impuso una sanción de privación de libertad por un mes y tres días de arresto.
AUME considera que las resoluciones sancionadoras y las sentencias del Tribunal Militar Central y de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo “vulneraron el derecho de asociación, de libertad de expresión y el principio de legalidad”.
El militar sancionado envió un correo electrónico en el que afirmaba que a la delegada de asuntos femeninos de AUME en Murcia le “están complicando la vida por su labor asociativa y a Jorge Bravo (presidente de AUME) que está pendiente de su arresto por falta grave en la que incurrió por declaraciones contra los gastos superfluos”.
El general jefe del Mando Aéreo de Combate sancionó a este subteniente del Ejército del Aire, destinado en el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 13 de Totana (Murcia), por "hacer reclamaciones, peticiones y manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas; realizadas a través de los medios de comunicación social o formularlas con carácter colectivo".
Dicha sanción fue ratificada por el Supremo en una decisión adoptada por mayoría de tres votos a dos de los miembros de la Sala de lo Militar del Alto Tribunal, por lo que AUME decidió presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Ante esta situación, el Constitucional señala que “ha examinado el recurso de amparo y ha acordado admitirlo a trámite, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional toda vez que el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina como consecuencia de los cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental”.
AUME celebró esta decisión por cuanto “la vulneración de derechos fundamentales está relacionada directamente con los derechos fundamentales de asociación, de libertad de expresión y con el principio de legalidad, derechos en los que se sustenta toda posibilidad de defender los intereses legítimos de los militares en lo relativo a asuntos sociales, económicos y profesionales que todavía no han sido interiorizados por muchos escalones de mando de las Fuerzas Armadas”.

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