Amnistía Internacional (AI) ha reclamado al Gobierno central que deje de "obstaculizar" iniciativas para el reconocimiento de las víctimas de abusos policiales --como la ley vasca destinada a este colectivo-- y que asuma su "obligación" de reconocer a los damnificados por la "extendida y persistente" práctica de la tortura en España.
Estas reflexiones aparecen recogidas en un informe de Amnistía Internacional que el presidente de esta organización en España, Esteban Beltrán, ha entregado este miércoles al lehendakari, Iñigo Urkullu, con el que se ha reunido en Vitoria.
En el informe, se aplaude la decisión del Parlamento Vasco de aprobar, en 2016, la Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999.
Esta norma, conocida como ley vasca de víctimas de abusos policiales, se encuentra suspendida por el Tribunal Constitucional a raíz de un recurso presentado por el Gobierno central.
El Ejecutivo vasco anunció este pasado martes que ha solicitado que se levante la suspensión cautelar de la norma, alegando que tiene "encaje" en los requerimientos del Derecho Internacional y en la Constitución española, y que las instituciones vascas son competentes para aprobar una normativa de este tipo.
MECANISMOS EXTRAJUDICIALES
El informe de Amnistía Internacional, fechado el 1 de agosto, rechaza los principales argumentos esgrimidos por el Gobierno central para reclamar la suspensión de la norma.
Entre otras cuestiones, Amnistía Internacional destaca que el Derecho Internacional "reconoce la validez de la creación de mecanismos extrajudiciales para el establecimiento de verdad y reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos". En contraposición a los argumentos del Ejecutivo central, en el informe se indica que estos procedimientos son "compatibles" con la actuación de los tribunales de justicia.
Además, AI advierte de que el Estado español "no puede ampararse en su arquitectura institucional interna para negar los derechos reconocidos en el marco internacional de los derechos humanos a las personas que están bajo su jurisdicción".
(Habrá ampliación)
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