En un comunicado, el sindicato asegura que la creación y proceso de autorización del fichero no ha sido ajustada a derecho ni se han cumplido los mínimos requisitos de transparencia y su contenido es "una aberración jurídica impropia de la administración pública de una sociedad democrática".
El sindicato considera que la recogida de datos sensibles como la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial y étnico, salud, vida sexual, violencia de género constituye "una decisión política sin precedentes en la historia reciente de los cuerpos policiales" y más propia de regímenes autoritarios.
Exigen a los responsables políticos del Ayuntamiento expliquen públicamente la finalidad última del fichero y piden también su retirada inmediata y que se determinen las responsabilidades por su creación.
Asimismo, reclaman un pronunciamiento de la Conselleria de Interior ante un fichero "manifiestamente ilegal" y que constituye una agresión, según ellos, al derecho a la privacidad y dignidad de los ciudadanos catalanes.
El sindicato asegura que agotará todas las vías judiciales para "corregir y denunciar este atentado contra las libertades".
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