Bolivia y Chile piden a La Haya ronda para alegaciones orales en conflicto marítimo

Bolivia y Chile solicitaron de común acuerdo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) un cronograma para una ronda de alegaciones orales, sobre el centenario diferendo marítimo, informó este martes una fuente oficial.

El agente boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé y su par chileno José Miguel Insulza se reunieron en La Haya con el presidente de la CIJ, Ronny Abraham, para comunicarle el común acuerdo alcanzado previamente por ambos países.

"Me tocó intervenir, indicando que habíamos acordado en la víspera (lunes) que las dos partes solicitaríamos que la Corte acepte una segunda ronda de alegaciones escritas, una réplica y una dúplica, en un término que la Corte va a definir", afirmó Rodríguez Veltzé, entrevistado por el canal estatal de televisión.

La cancillería boliviana entregó luego un comunicado a la AFP que especifica que "el Tribunal se pronunciará en los próximos días sobre este requerimiento y los plazos que correspondan a cada una de las partes".

Sobre la mesa está la contramemoria que Chile presentó en julio pasado a la demanda planteada por Bolivia en 2013, cuando solicitó que la CIJ obligue a su vecino a negociar para que cumpla -arguye- sus históricas ofertas para otorgarle un acceso soberano al mar.

En la primera fase Chile presentó una demanda de incompetencia, pero el tribunal internacional falló en septiembre de 2015, declarándose competente para conocer el reclamo boliviano.

Chile anticipó que no tiene asuntos pendientes con Bolivia y que un tratado de paz de 1904 definió los límites fronterizos.

Los dos países sostienen relaciones diplomáticas a nivel de cónsules desde 1978, tras fracasar una gestión para superar el centenario diferendo. Bolivia perdió 400 km de costa y con ello su única salida al Océano Pacífico en una guerra con Chile a fines del siglo XIX.

La Moneda también demandó a La Paz en junio pasado ante el mismo tribunal de La Haya para que dirima si las aguas del Silala forman un río internacional y que, por tanto, tiene legítimos derechos de uso, o, como asegura Bolivia, que el afluente fue canalizado artificialmente.

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