CATALÁ ASUME QUE HABRÁ QUE CAMBIAR EL ESTATUS DEL FISCAL Y GARANTIZAR SU INDEPENDENCIA PARA QUE INSTRUYA

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, admitió este lunes que el nuevo papel del fiscal como instructor de las causas tendrá que “ir acompañado a la vez de la reforma del Estatuto el Ministerio Fiscal”, para que se le dote de capacidad y autonomía para hacerlo “sin ninguna influencia”, por lo que “las relaciones que el Gobierno tenga con la Fiscalía habrá que regularlas”.
Catalá asumió así la petición que le trasladaron los portavoces de los principales partidos de la oposición en la comparecencia del ministro en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos se habían mostrado de acuerdo con su plan de otorgar a los fiscales la tarea de instruir las causas en lugar del juez, pero habían puntualizado que para ello se tenía que garantizar la independencia del Ministerio Fiscal respecto al Gobierno.
El ministro quiso garantizar esta independencia y a la vez asegurar que también existe ahora, y para ello añadió que ahora el Gobierno tiene, ciertamente, la capacidad de interesar determinados asuntos al Fiscal, pero que “el Fiscal puede cumplir o no”. Ahora, precisó, el Fiscal puede cumplir o no, una vez reunida la junta de fiscales.
Catalá dijo que conoce la posición constitucional actual de la Fiscalía y el cauce por el que el Gobierno puede interesar que el Fiscal General interese ciertas actuaciones, a través del Ministerio de Justicia, y que tiene que pasar por la Sala de Fiscales. Pero aseguró que nunca ha pedido al fiscal general que comparezca y que tenía el máximo respeto por su autonomía, aunque sea el Gobierno el que tenga la facultad de proponer al titular de esta institución.
En este sentido, defendió la total cualificación de José Manuel Maza y dijo que valoró “el momento”, igual que en su momento lo valoró para proponer a Consuelo Madrigal, alegando que con toda la legislatura por delante Maza le pareció “el más adecuado” para ocupar el puesto.
En cualquier caso, aseguró que el Gobierno nunca ha pedido al Fiscal General que cambie de posición en ningún asunto, y que por ejemplo fue Eduardo Torres Dulce quien por su cuenta interpuso las denuncias por la consulta soberanista catalana del 9-N de 2014.
En cuanto a las tasas, y en respuesta a la portavoz de ERC, Esther Capella, el ministro explicó que las tasas son ingreso del Estado, no de las comunidades autónomas, por lo que auguró que habrán ido a colegios, hospitales o a pagar salarios de funcionarios, no al propio Ministerio de Justicia, por lo que negó su insinuación de que esas tasas deberían haber ido a mejorar el sistema judicial.
REGISTRO CIVIL
Sobre la posible concesión de la gestión del Registro Civil a funcionarios autonómicos, Catalá dijo que les corresponderá a ellos decidir si quieren perder esa condición para pasar a serlo del Estado y encargarse de esa gestión. Y que los trabajadores públicos pueden estar absolutamente seguros de que mantendrán su puesto, porque serán ellos quienes se encarguen de la gestión. Y, en cuanto a su defensa de la mediación, precisó que para eso no será necesario cambiar leyes ni aportar más recursos, pues el que tenga éxito no es tanto cuestión material como de que se extienda la cultura de la mediación en vez de litigar.
Al portavoz de Unidos Podemos, Jaume Moya, le rectificó específicamente su crítica de la ley de seguridad, por tener a 300 manifestantes en la cárcel, matizando que si lo están es porque los tribunales han considerado que cometieron delitos amparados por el derecho a la huelga, o acudir a manifestaciones con “motivos espúreos”, y defendió dicha norma asegurando que ha extendido los derechos a los ciudadanos que no quieren verse coaccionados con la coartada del derecho a la huelga.
Al de Ciudadanos, Ignacio Prendes, le prometió buena voluntad para garantizar la independencia de la carrera judicial y también trabajar por fortalecer la percepción de la misma, en particular en lo que respecta a los nombramientos de magistrados, que en su intervención inicial se había mostrado dispuesto a que recayera principalmente en jueces y no en el Congreso de los Diputados, y en lo referente a las llamadas puertas giratorias, por la mala imagen que tiene el que jueces que han sido políticos vuelvan a la judicatura. En su intervención inicial, el ministro también había abogado por introducir alguna regulación o plazo de incompatibilidad entre ambos desempeños.
En respuesta a los portavoces de Unidos Podemos, ERC, el PdeCat y el PNV, manifestó su voluntad de llegar a acuerdos con la Generalitat “hasta donde nos es posible”, precisando que el Gobierno no puede atender las peticiones de la otra parte más allá de sus competencias.
Como estos portavoces habían aprovechado su distinción entre política y justicia para preguntarle por la judicialización de las iniciativas soberanistas de la Generalitat de Cataluña, Catalá puntualizó que él sólo se refería a que ya no hay necesidad de que los parlamentos autonómicos designen miembros de los tribunales superiores de justicia.
También a los grupos soberanistas, les respondió que no puede exigir el conocimiento del catalán o el euskera para ocupar plazas de jueces en esas comunidades porque eso limitaría la movilidad e incluso supondría problemas para adjudicarlas todas. Pero expresó su deseo de que el uso de las lenguas cooficiales sea tan natural en los juzgados como es en la calle de Cataluña y el País Vasco.
A Compromís, finalmente, le contestó que los saharauis podrán acceder a la nacionalidad española con un año de residencia en España, cuando el portavoz de este partido, Enric Bataller le había pedido dos.