CATALUÑA. COMIENZA EL JUICIO CONTRA ARTUR MAS Y DOS EXCONSELLERAS POR DESOBEDIENCIA Y PREVARICACIÓN

- Después de que los acusados llegaran a la sede del TSJCat en medio de un baño de multitudes. El juicio contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau ha dado comienzo en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) con el análisis de las cuestiones previas, que, según las estimaciones de las partes, puede alargarse por espacio de dos horas.
En ese momento, el tribunal tendrá que decidir sobre la lista de testigos propuestos por las partes. Una de las defensa propone que declare en este juicio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, petición que previsiblemente será rechazada.
Inmediatamente después dará comienzo el interrogatorio a los acusados con el expresidente de la Generalitat Artur Mas en primer lugar. A continuación está previsto que declare la exvicepresidenta del Ejecutivo catalán Joana Ortega, y después la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau.
Todos ellos están acusados de desobediencia y prevaricación por celebrar la consulta independentista del 9-N pese a su suspensión por el Tribunal Constitucional (TC).
Los enjuiciados llegaron al tribunal acompañados de miles de manifestantes que acudieron a apoyarles.
Mas se enfrenta a partir de este lunes a una petición de 10 años de inhabilitación en un proceso en el que se dirimirá si incurrió en prevaricación y desobediencia grave al organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 tras la prohibición expresa del Tribunal Constitucional. Junto a él también serán juzgadas las exconsejeras de su Gobierno Joana Ortega e Irene Rigau, para las que el fiscal pide nueve años de inhabilitación.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó el pasado 13 de octubre enviar a juicio al expresidente catalán Artur Mas, a la exconsellera de Educación Irene Rigau y a la exvicepresidenta Joana Ortega por desobediencia grave y prevaricación. En ese momento, el tribunal descartó imputarles un delito de malversación, el único que acarrea penas de cárcel y que había sido solicitado por las acusaciones populares.