CATALUÑA. EL CONSEJO DE EUROPA AVALA QUE EL CONSTITUCIONAL TENGA MÁS PODERES PARA EJECUTAR SUS SENTENCIAS

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha emitido, tras una reunión celebrada este viernes y sábado, un informe favorable a la reforma del Tribunal Constitucional aprobada en 2015 en España, que daba mayores potestades a esta institución para hacer efectivas sus sentencias y decisiones.
Según informó hoy el Ministerio de Justicia, el Consejo de Europa avala con su pronunciamiento la modificación legal que las Cortes aprobaron hace dos años a instancias del PP, pero que fue muy criticada por los partidos que promueven en Cataluña el proceso secesionista.
La Comisión de Venecia, técnicamente denominada Comisión para la Democracia a través del Derecho, es un órgano consultivo del Consejo de Europa para asuntos constitucionales. En esta ocasión ha emitido su informe a solicitud de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
A este respecto, en el dictamen sobre la reforma española de 2015 se destaca la importancia de que todos los individuos e instituciones cumplan de manera efectiva las sentencias y decisiones de los tribunales constitucionales de sus países.
MEDIDAS DE EJECUCIÓN “LEGÍTIMAS”
Además, estos expertos afirman que “cuando una autoridad pública se niega a ejecutar una sentencia del Tribunal Constitucional, viola la Constitución, incluyendo los principios del imperio de la ley, separación de poderes y el de cooperación leal entre instituciones públicas estatales, las medidas que impulsen la ejecución son legítimas”.
El informe valora el carácter general de la ley española que permite a cualquier parte interesada instar la ejecución de sentencias del Constitucional, al tiempo que se resaltan las garantías procedimentales que establece previas a la adopción de medidas de ejecución de las resoluciones firmes. También se alaba que todos los poderes del Estado deban auxiliar al intérprete de la Carta Magna a aplicar sus resoluciones.
El Ministerio de Justicia resaltó que este dictamen del Consejo de Europa “confirma la legalidad de la norma española aprobada en 2015”, que tenía como objetivo dotar al Constitucional “de las herramientas suficientes para asegurar el cumplimiento efectivo de sus sentencias y resoluciones”.
Según el departamento que dirige Rafael Catalá, la ley que ahora respalda la Comisión Venecia también incluía que el Constitucional “pudiera solicitar el auxilio de cualquier Administración o poder público, con el Gobierno de la nación a su cabeza, que tienen la obligación de atender estas peticiones de colaboración de forma preferente y urgente”.