EL CONGRESO TOMA EN CONSIDERACIÓN LA PROPOSICIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS PESE AL VOTO EN CONTRA DE PP Y CIUDADANOS

- El exministro Margallo votó a favor. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves por 177 votos a favor, 165 en contra y ninguna abstención la toma en consideración de la proposición de ley para establecer una prestación de ingresos mínimos para los parados sin recursos, propuesta promovida a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por CCOO y UGT.
La propuesta se tramitará gracias a los 177 votos favorables que ha recibido, entre los que figuran el del exministro José Manuel García Margallo, mientras que en contra votaron finalmente PP, Ciudadanos, UPN y Foro.
Durante el debate de la proposición de ley, el diputado socialista Rafael Simancas destacó que la nueva prestación va dirigida a quienes tienen una “carencia seria”, a parados que han agotado todas sus prestaciones.
Simancas defendió, frente a quienes critican el coste que tendría la prestación de unos 12.000 millones anuales, que “¿cómo que no se puede pagar? No se quiere pagar”, y agregó que España “no se puede permitir tener 700.000 familias en situación de absoluta vulnerabilidad mientras la economía crece al 3,2%”.
Desde el Grupo de Unidos Podemos, Segundo González consideró que la medida es “un avance en la dirección adecuada” pero criticó que PP y PSOE vayan a ponerse de acuerdo en no aplicarla hasta que no haya nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).
“La sociedad ha venido aquí a pedir que le demos la vuelta a la tortilla” y “no estamos pidiendo la luna, estamos haciéndonos eco de las peticiones de la Comisión Europea”, explicó González.
Por parte del Grupo de Ciudadanos, Antonio Roldán puso de manifiesto que esta nueva prestación “no es una buena idea de fondo”, ya que “yo quiero una sociedad de oportunidades y no una rentista y de dependencia”, motivo por el que su grupo votará en contra.
Desde las filas del PP, la diputada Susana López preguntó si es asumible el coste de la prestación para justificar que “no se puede votar el inicio de un proceso que se sabe desde el principio que no es viable”.
El diputado de ERC Jordi Salvador defendió que la iniciativa “viene avalada por centenares de miles de personas” y consideró “imprescindible unir esfuerzos para recuperar derechos sociales”, a lo que el diputado del PNV Iñigo Barandiarán añadió que se trata de un “elemento central de una actuación tuitiva por parte del Estado que no debemos de obviar”.
La prestación pretende garantizar unos ingresos para quienes no tienen empleo ni recursos económicos mínimos. Su cuantía se establece en el 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem) mensual vigente en cada momento. En el texto se defiende la necesidad de esta prestación, ya que "las reformas de la protección por desempleo, lejos de haberse adaptado al actual mercado de trabajo y de dar respuestas al constante aumento del desempleo, han dado como resultado una política de contención del gasto, reduciéndose sus índices de cobertura".