Según la información difundida por la Junta y recogida por Europa Press, la Comunidad ha recibido, de media, el 6,5 por ciento de los fondos asignados por el modelo de financiación entre las 15 autonomías de régimen común desde su entrada en vigor en 2009 y hasta 2014, porcentaje que contrasta con la cuota del 7,3 por ciento percibida con el anterior sistema (2002-2008).
El cambio de modelo se ha traducido en la reducción de su peso relativo en la financiación en más de un 10,4 por ciento, lo que para el Ejecutivo autonómico demuestra que el modelo actual ha sido "perjudicial" para los intereses de los castellanoleoneses.
Este análisis comparativo se ha realizado con la toma como referencia de la cuantía que han ingresado las comunidades sin aplicar su capacidad normativa, puesto que sumar estos fondos impediría contrastar las cifras en términos homogéneos, dada la ausencia de armonización fiscal entre territorios.
Por lo tanto, para este cálculo se ha excluido del cómputo la recaudación de los tributos cedidos --Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones, Juego y tasas por servicios transferidos--, la derivada del impuesto sobre determinados medios de transporte y la correspondiente a la tarifa autonómica del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
Conforme a los criterios anteriores, cabe concluir que el mejor ejercicio para Castilla y León fue 2010, cuando recibió el 6,65 por ciento de los fondos distribuidos entre las autonomías, si bien cabe precisar que en este ejercicio se incorporaron plenamente los recursos adicionales que el Gobierno central había agregado al modelo de financiación un año antes, que coincide con la fecha de su aprobación. Por el contrario, 2012 marcó el peor registro para la Comunidad, ya que solo percibió el 6,4 por ciento de los fondos totales.
La cuota castellanoleonesa de la financiación autonómica ha sido "sensiblemente" mayor en cualquiera de los ejercicios liquidados con el anterior modelo y ha oscilado entre el 7,43 por ciento, con lo que se logró en sus dos primeros años de aplicación --2002 y 2003--, y el 7,12 por ciento en el último, 2008.
La Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica de la Consejería de Economía y Hacienda ha realizado estas mismas operaciones con el resto de comunidades de régimen común --todas salvo País Vasco y Navarra--, a partir de los datos oficiales de liquidación publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y ha calculado el promedio de la financiación recibida por cada una con cargo a los dos modelos más recientes.
CINCO COMUNIDADES GANAN PESO
La primera conclusión que se obtiene es que cinco autonomías han ganado peso relativo con el actual sistema: Baleares se sitúa en primera posición (27,1 por ciento), seguida por Madrid (16,6 por ciento), Cataluña (14,7 por ciento), Comunidad Valenciana (3,4 por ciento) y Murcia (0,6 por ciento).
"La mayor representatividad conseguida por estos cinco territorios ha ido en detrimento del resto, especialmente de Castilla y León y de Extremadura, cuyo retroceso en términos porcentuales ha alcanzado los dos dígitos".
En concreto, la comunidad extremeña ha visto caer su peso relativo sobre el conjunto de la financiación un 13,7 por ciento con el actual modelo y Castilla y León, un 10,4 por ciento.
En este orden, a continuación, se sitúan Canarias y Andalucía, que han cedido casi un 10 por ciento cada una, Galicia (8,9 por ciento), Asturias (7,8 por ciento), Castilla-La Mancha (6,5 por ciento), Cantabria (2,5 por ciento), Aragón (2,3 por ciento) y La Rioja (0,8 por ciento).
INSUFICIENCIA FINANCIERA
Con independencia del peso relativo que ganan cinco autonomías y pierden diez, "una consecuencia común que han sufrido todas ha sido la insuficiencia financiera".
Con la toma como referencia de los años 2010 --por ser el ejercicio en el que tienen sus efectos plenos los recursos adicionales incorporados al modelo-- y 2014 --por tratarse del último ejercicio liquidado--, la disminución de fondos del sistema se cifra en 4.630 millones de euros, es decir, un cinco por ciento menos.
Esta reducción es superior a la experimentada por el Producto Interior Bruto (PIB) de España, que en estos ejercicios de crisis se contrajo un 3,7 por ciento en términos nominales.
"Por lo tanto, la segunda conclusión que puede extraerse es que la financiación de las comunidades autónomas ha perdido peso en relación con el tamaño de la economía nacional y ha pasado de representar el 8,6 por ciento del PIB en 2010 al 8,5 por ciento en 2014", destacan las mismas fuentes.
Otra comparativa "interesante" es la que resulta de ponderar los recursos del modelo con la recaudación total de los impuestos estatales que gestiona la Agencia Tributaria.
Entre ellos, se encuentran los que en diferente porcentaje alimentan el sistema --Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y los Impuestos Especiales-- y los que aportan recursos que se queda el Gobierno central, fundamentalmente, el Impuesto de Sociedades.
Estos ingresos fiscales se han incrementado un 9,7 por ciento entre 2010 y 2014, al tiempo que el volumen total de fondos transferidos a las autonomías ha ido descendiendo.
Como consecuencia de lo anterior, la tercera conclusión es que la financiación de las comunidades "también ha perdido peso frente a la recaudación de los principales impuestos que pagan los ciudadanos, al bajar del 58,2 por ciento en 2010 al 50,4 por ciento cuatro años después".
CASTILLA Y LEÓN PIERDE MÁS DE 456,6 MILLONES ENTRE 2010 Y 2014
Esta insuficiencia de recursos se hace "especialmente" patente en el caso de Castilla y León, que ha visto recortada su financiación en 456,65 millones de euros entre 2010 y 2014, es decir, un 7,4 por ciento.
En concreto, los recursos definitivos asignados por el sistema a la Comunidad han retrocedido desde los 6.166,59 millones de euros hasta los 5.709,95 millones en el mismo periodo.
Una de las causas principales de esta pérdida de financiación se explica por las reglas de reparto definidas en la ley que regula el modelo, que otorgan un peso deficiente a las variables no poblacionales --como el envejecimiento, la dispersión o la baja densidad-- pese a que estas determinan un coste mayor en la prestación de los servicios públicos fundamentales.
En concreto, el único fondo en el que se computan estos criterios es el de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que supone menos del 10 por ciento de los recursos totales del sistema.
Una muestra del mal funcionamiento del sistema es que Castilla y León ha mantenido en el 6,2 por ciento su peso relativo en términos de población ajustada (es decir, ponderada con las variables no demográficas) respecto al total de autonomías entre 2010 y 2014 y, pese a ello, ha reducido su cuota de participación en la financiación del modelo del 6,7 por ciento al 6,5 por ciento en el mismo periodo.
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