La Consejera catalana de Trabajo apuesta por un salario mínimo catalán de 1.000 euros

Bassa ha priorizado garantizar la autonomía de las personas sin trabajo y mejorar la renta mínima de inserción --hacia una futura renta garantizada de ciudadanía--, que ha asegurado que seguirá para las personas que, pasados los 60 meses, mantienen las circunstancias que generaron el derecho a recibirla, y que ha recordado que cuenta con un incremento de 70 millones de euros respecto a los 185 gastados en 2015.

"Queremos un país libre, con personas libres, que es lo que hará que no haya pobreza", ha sostenido, y ha apuntado la necesidad de dar un salto de las medidas paliativas que pueden dar actualmente hacia a políticas transformadoras, así como a trabajar en red con los ciudadanos,; con las entidades, como interlocutor conocedor de la situación, y con el mundo local, como punto de partida de la lucha contra la pobreza.

A los 170 millones de euros de subvenciones para las entidades, ha avanzado que sumarán un importe de tres millones de euros ampliables para el apoyo a familias con niños a cargo, mientras que, por otro lado, se creará la agencia catalana de protección social.

También ha destacado el despliegue de programas de garantía juvenil y planes de empleo, así como políticas de empleo con impacto de género que podrán desarrollar este año, mientras que ha avanzado un incremento de 50 millones de euros destinados a la promoción de la autonomía personal.