La proposición de ley pretende actualizar el régimen jurídico del sector, aprobado en 1979, y se inspira en la normativa aprobada por otras comunidades autónomas, como Cataluña, País Vasco, Navarra o Galicia, tras escuchar a los representantes de los profesionales. Aragón tiene la competencia exclusiva.
Arturo Aliaga ha señalado que este es un servicio público esencial para facilitar la movilidad de los ciudadanos y también para el transporte escolar y el interurbano, resaltando el papel que realizan en los pequeños municipios.
La iniciativa prevé la creación del Consejo Aragonés del Taxi, un órgano de información y asesoramiento de las Administraciones Públicas y en el que también participarán los profesionales, los consumidores y los sindicatos. La Ley quiere garantizar la prestación del servicio y "velar por la calidad", ha apuntado Aliaga.
Elena Allué ha indicado que la iniciativa responde a la demanda del sector, "que lo ha venido reclamando" y ha comparecido en las Cortes para solicitar una nueva regulación.
Ha dicho que el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, "ha desoído constantemente al sector, diciendo que para él no era una prioridad", frente a lo que ha considerado "urgente regular esta actividad", siendo este uno de los sectores más castigados por la crisis.
CONTENIDO
La proposición de ley contiene 36 artículos, dos disposiciones adicionales, tres transitorias y una derogatoria, ha expuesto Allué, quien ha expresado que regula el transporte público urbano e interurbano de viajeros en esta modalidad para mejorar las condiciones de "seguridad y modernidad" al recoger medidas tecnológicas para mejorar la prestación del servicio, como el pago por tarjeta, o sistemas novedosos de navegación y la potenciación de vehículos de baja contaminación.
"Se quiere acabar con la acumulación de licencias", sin efectos retroactivos, ha proseguido Allué, en aras a profesionalizar más el sector, de forma que cada conductor podrá tener una sola licencia excepto en casos de enfermedad, excedencia y jubilación, cuando se podrá contratar a un asalariado.
Arturo Aliaga ha manifestado que "lo está reclamado el sector" para profesionalizarlo y hacerlo más rentable de forma que "todos puedan trabajar en condiciones óptimas".
Además, contempla la creación de áreas de prestación conjunta del servicio entre varios municipios, lo que beneficiará especialmente a las localidades con continuidad geográfica. Por ejemplo, un taxista de un municipio próximo a Zaragoza podrá recoger clientes en la capital aragonesa.
Las tarifas subirán aplicando el IPC anual nacional del transporte, como el resto del transporte público, ha continuado Elena Allué, añadiendo que además se incentivará a los Ayuntamientos para que pongan en marcha taxis adaptados, ya que la normativa de la UE obliga a que haya un mínimo del cinco por ciento antes de finalizar 2017.
Además, se creará un registro de licencias para identificar al titular, el vehículo y el asalariado. Se establecerá un número máximo de licencias, una por cada 2.000 habitantes en los municipios de hasta 50.000 vecinos, una por cada 1.500 personas en las ciudades de entre 50.000 y 100.000 y una por cada 600 en la ciudad de Zaragoza. Actualmente, hay 1.777 licencias en la capital aragonesa, 57 en Huesca, 17 en Teruel, 12 en Calatayud y una en Cuarte. El Consejo Aragonés del Taxi consensuará el número exacto de licencias.
Las sanciones pueden ser económicas, desde los 90 euros las leves hasta las 4.000 las muy graves, pero también se podrá extinguir la licencia e inmovilizar el vehículo, y también se regulan los derechos y obligaciones de los usuarios.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios