Según ha informado la Corporación, la resolución del Consejo de Transparencia considera que las citadas remuneraciones pertenecen a la esfera íntima y personal de Anne Igartiburu y Ramón García, no son datos meramente identificativos ni se refieren a la organización, funcionamiento o actividad pública de RTVE, y se ciñen a un marco laboral o mercantil de carácter estrictamente privado.
Asimismo, ha aclarado que el Consejo añade que, en este caso, no hay un interés legítimo superior, público o privado, que justifique la divulgación de la información frente al perjuicio que puede causar a los interesados, no estando autorizada por una ley ni consentida por ellos.
Finalmente, ha apuntado que frente a la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cabe recurso ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
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