La legislación es a todos los efectos una cancelación de las manifestaciones contra el Gobierno, ya que impone a los participantes que avisen de sus intenciones con tres días de antelación al Ministerio del Interior, plantea condenas de hasta cinco años de cárcel para quien viole una amplia lista de restricciones a la hora de manifestarse y da luz verde a las fuerzas de seguridad para dispersar violentamente cualquier concentración.
Dado que se trata de la más alta instancia de la Judicatura egipcia para esta clase de apleaciones, el Constitucional confirma definitivamente esta ley y lo hace sin eliminar aspecto alguno de la misma, sin posibilidad de nuevas alteraciones.
Grupos pro Derechos Humanos de Egipto han denunciado la "criminalización" del derecho a la protesta pacífica y lamentado el éxito de esta ley a la hora de coartar un mecanismo que ha contribuido a la expulsión de a dos presidentes en tres años, por no mencionar que los cientos de personas encarceladas por violar esta normativa seguirán en la cárcel.
"La verdad es que ha sido una sorpresa. Esperábamos que el Constitucional se pronunciara a favor de los derechos humanos pero ahora está claro de que no hay corte alguna en Egipto que se apiade del pueblo", ha lamentado el destacado abogado pro Derechos Humanos Gamal Eid.
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