Así lo ha aseverado Cubero durante el pleno municipal, en el que se ha dado cuenta del reparo formulado por el Interventor General en el expediente de intento de municipalización del servicio. Las discrepancias en este punto radican en que si para subrogar a estas 14 trabajadoras es preciso o no modificar previamente la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del consistorio, si bien el alcalde Pedro Santisteve ha remitido a los grupos un escrito señalando que no sería necesario dar este paso previo.
El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha relatado la sucesión de acontecimientos ocurridos tras la decisión de Zaragoza en Común de remunicipalizar el servicio de atención telefónica del 010, una decisión que la CEOE recurrió en los tribunales y que ha llevado a que se suspenda cautelarmente el proceso, de forma que Pyrenalia se sigue haciendo cargo del servicio y de sus 14 trabajadoras.
Cubero ha reprochado a los grupos que su problema "es que el alcalde y el gobierno ejercen sus competencias y eso es lo que les molesta", dado que "a ustedes les gusta bloquear la acción de gobierno" y ha recalcado que ZEC está trabajando cumpliendo la ley "y dentro de su programa político".
"Cuando no pudieron bloquear la remunicipalización en lo político, como con las depuradoras, apareció la CEOE a defender lo mismo con las mismas palabras y tan burda ha sido esa relación que se han filtrado informes de Intervención, informes de parte, que antes de que los tuviera el gobierno los tenía la CEOE para recurrir este proceso", ha advertido.
La concejal de CHA, Leticia Crespo, ha lamentado que "estamos en el peor de los escenarios, sobre todo para las trabajadoras" por la paralización por orden judicial de la decisión del Gobierno local de remunicipalizar el servicio, una opción que CHA apoya.
Sin embargo, Crespo ha criticado que "por una mala ejecución esa decisión ha acabado judicializada", tras "una sucesión de despropósitos y por falta de diálogo". Tras preguntar "qué van a hacer", ha recordado que su grupo apuesta por analizar "servicio a servicio" la municipalización y siempre que sea posible "jurídica, técnica y económicamente", pero no solo atendiendo "a la rentabilidad económica, sino también a la social".
SALTARSE LA LEY
La concejal de Cs, Elena Martínez, ha estimado que Cubero "ha pretendido pasar por encima del acuerdo político y de los procedimientos legales, igual le da saltarse a la torera la ley que frustrar a los trabajadores" y ha recalcado que "el único responsable" de esta situación es el consejero de Servicios Públicos y Personal, coincidiendo en que "estamos en el peor de los escenarios y todo provocado por usted".
La edil del PSOE, Marta Aparicio, ha observado que "es la primera vez en 22 meses que hablamos en este pleno de un tema de servicios públicos y del área de personal hemos hablado dos veces, sobre la plantilla, y encima ahora es para dar cuenta de un reparo del interventor", ha señalado, al estimar que Cubero "esconde los expedientes cuando no le dan la razón" y ataca a los profesionales municipales, por lo que le ha aconsejado que mida sus palabras "porque su incontinencia verbal le va a acarrear algún problema grave".
Aparicio ha observado que, "para acabar el caos de este expediente, 14 horas antes del pleno nos llega un saluda del alcalde con un informe explicándonos las razones por las que en la discrepancia había decidido fallar en favor del servicio y no del interventor". "El resumen de este expediente es que no son capaces de llegar a acuerdos políticos, de gestionar sin reparos del interventor y no son capaces de nada", ha criticado, al opinar que "ni siquiera se molestan en hacer un expediente bien".
El concejal del PP, José Ignacio Senao, ha comentado que "no se recuerda nunca que un gobierno haya tenido que dar cuenta de una decisión suya con un informe contrario del propio ayuntamiento". "Nunca es buen camino que la ideología esté por encima de la ley y ustedes la han antepuesto", ha aseverado tajante, calificando todo el procedimiento de "sainete".
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