IU DENUNCIA LAS CONDENAS "DESPROPORCIONADAS E INJUSTAS" DE MARRUECOS A ACTIVISTAS SAHARAUIS

La responsable federal de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida, Marina Albiol, expresó este miércoles su "total rechazo" a las "absolutamente desproporcionadas e injustas" condenas a prisión impuestas por un tribunal de Marruecos a los más de veinte activistas saharauis del 'Campamento de la Dignidad' de Gdeim Izik.
Los activistas fueron detenidos hace cerca de siente años en el violento desmantelamiento de ese campamento y han permanecido arrestados desde entonces sometidos a torturas y palizas, asegura Albiol, remitiéndose a informes de asociaciones internacionales de defensa de los derechos humanos.
Las condenas oscilan entre cadenas perpetuas y dos años de prisión, y para Albiol son el "final previsto" de un juicio que fue una "farsa" y en el que observadores internacionales apreciaron ausencia de las "mínimas garantías legales".
Considera que con esas condenas las autoridades de Marruecos cumplen su objetivo de convertir el desmantelamiento de ese campamento en una "acción ejemplarizante y disuasoria" que permita proseguir con la represión al movimiento saharaui democrático.
Albiol recuerda que Izquierda Unida ha vivido "in situ" varios momentos de ese largo juicio y ha podido comprobar "sus múltiples y sucesivas interrupciones sin motivo legal alguno". Con esa premisa, denuncia "la complicidad política" del Gobierno presidido por Mariano Rajoy con las autoridades de Marruecos y la negativa a su petición para que hubiera presencia de la diplomacia española en calidad de observadores en la estapa final del juicio.
A pesar de la "deuda política histórica" de España con el pueblo saharaui, Albiol asegura que el Gobierno "no ha estado a la altura", mientras que otros como los de Finlandia, Dinamarca, Suecia, Suiza, Holanda o Noruega sí que han movilizado a sus embajadas para tener información de primera mano de lo que estaba ocurriendo.
IU solicita al Gobierno una valoración de esas sentencias y una explicación sobre si va a mantener "sus relaciones preferenciales con un Estado ocupante y represor".