Según han recordado, el Ministerio está tramitando solicitudes de 12 permisos de investigación de hidrocarburos solicitados por Cairn Energy en el golfo de León, así como del proyecto "Medusa", solicitado por Repsol Investigaciones Petrolíferas en la zona colindante por el sur con el área "Casablanca" frente a las costas de Tarragona.
Todos estos proyectos, han recordado, están pendientes de la decisión del Ministerio para su adjudicación. Mar Blava ha lamentado que no se ha aceptado la solicitud de personación en estos expedientes, ni de la Alianza Mar Blava ni del Govern balear y, a fecha de hoy, tampoco ha permitido el acceso a la información solicitada ni ha resuelto expresamente el recurso de alzada presentado por la Alianza contra la desestimación de su solicitud.
Los departamentos denunciados por la Alianza por incurrir en una mala administración son la Subdirección General de Hidrocarburos de la Dirección General de Política Energética y Minas de la Secretaría de Estado de Energía y la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de Justicia de la Secretaría General Técnica de la Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo.
Un escrito similar se ha presentado ante la Unidad de Quejas y Sugerencias del propio Ministerio.
Mar Blava ha recordado que la Subdirección General de Hidrocarburos, para justificar su negativa, hace una interpretación muy restrictiva de la condición de 'interesado' en los expedientes de solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos al limitarla, según su interpretación de la Ley del Sector de Hidrocarburos, sólo "a quienes realicen ofertas en competencia o formulen oposición, como estrictos titulares de un derecho que pueda resultar perjudicado a resultas de la concesión del aludido permiso".
La Alianza, por el contrario, ha recordado que la Justicia ha rechazado anteriormente esta interpretación restrictiva con varias sentencias.
En opinión de la Alianza Mar Blava, "en estas condiciones, que el actual Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital insista en aplicar una interpretación restrictiva expresamente rechazada por la jurisprudencia constituye una actitud que no sólo es irrespetuosa en la división de poderes del Estado de Derecho, sino que cabe considerar de arbitraria y que por tanto puede producir responsabilidades penales".
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