En un comunicado, la Policía ha informado de que en esta etapa se ha detenido a siete personas, hay once investigados y cuatro empresas implicadas. La presente intervención se encuadra dentro del Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en materia de lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social.
Según han indicado, en la operación han colaborado personal adscrito a la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección Provincial de Trabajo, así como la Subdelegación del Gobierno de Córdoba.
La investigación comenzó a finales de 2014 cuando agentes del Grupo de Investigación de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Córdoba detectaron la posible existencia de un entramado de empresas, creadas 'ex profeso' para la realización de contratos de trabajo a ciudadanos extranjeros, con el fin de regularizar su situación en España.
En la primera fase de la operación, los investigadores pudieron determinar cómo varios ciudadanos extranjeros habían presentado contratos de trabajo de dudosa credibilidad, con el fin de poder acreditar medios económicos como requisito para poder alquilar un piso, contratos que resultaron ser falsos y que habían sido orquestados presuntamente por dos 'cabecillas' de la organización.
Tras las gestiones practicadas, entre las que se incluyeron el registro con autorización judicial de la sede de varias empresas, a finales de abril de 2015 se dio por finalizada la primera fase de esta operación con la detención de 17 personas que supuestamente habían accedido a los servicios fraudulentos prestados por estas dos personas.
SEGUNDA FASE Y NUEVO 'MODUS OPERANDI'
Tras analizar toda la documentación incautada durante la primera fase de la operación, se detectaron cuatro nuevas empresas, gestionadas como autorizados RED por los principales investigados y cabecillas del entramado criminal.
Según explica la Policía, esas cuatro empresas eran utilizadas con el mismo fin defraudador que las anteriores: realización de falsos contratos de trabajo para que ciudadanos extranjeros ilegales se regularizaran en España y para la acumulación de días cotizables tendentes al cobro fraudulento de prestaciones públicas por desempleo.
Así, los supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del Sistema de Seguridad Social. Igualmente, mediante la utilización de los falsos contratos lograban la obtención o renovación de autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros.
Además, se detecta un nuevo 'modus operandi' utilizado por los investigados con el fin de defraudar a la Seguridad Social, consistente en la creación de varias empresas que eran inscritas como asociaciones sin ánimo de lucro, pero realizaban otra actividad sin los fines sociales exigidos en sus estatutos.
Durante el curso de la investigación se ha demostrado cómo, presuntamente, dichas empresas venían desarrollando una actividad económica sin acreditar que los rendimientos de dicha actividad fueran, efectivamente, sin ánimo de lucro.
Los detenidos contrataban supuestos trabajadores utilizando la personalidad jurídica de la asociación con fines fraudulentos, como eludir la aplicación del convenio colectivo correspondiente a su actividad real --abonando a los trabajadores un salario inferior al que tienen derecho a percibir--, con ingresos de cuotas de Seguridad Social menores a las que estaban obligados.
Por tales motivos, en esta segunda fase, se ha detenido a otras siete personas, seis en Córdoba, y una en Málaga, además de haber once investigados y cuatro empresas implicadas.
Durante la operación los agentes se han incautado de numerosa documentación entre la que se encuentran falsos contratos de trabajo de las empresas investigadas, solicitudes de regularización de extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, Oficina de Extranjeros, contratos de arrendamiento, sellos de las empresas investigadas, nóminas de supuestos trabajadores, datos fiscales de empresas, administradores y trabajadores y discos duros con información de las empresas investigadas.
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