Abraira, quien ha comparecido a lo largo de más de tres horas en la Comisión de Investigación del Hospital de Burgos, ha destacado que la Administración "se ha pasado cuatro pueblos" ya que "en cada elemento ha buscado lo más beneficioso", lo que le ha llevado a concluir que en algún momento les ha "robado la cartera".
El presidente del Consejo ha afirmado que la Administración ha actuado de forma "garantista" mediante la exigencia de "lo máximo" y la interpretación del incremento de las obligaciones de la concesionaria "sin reconocerle en el 'debe' una contraprestación". "Inventan obligaciones adicionales que se le imponen a la concesionaria", ha aseverado antes de trasladar su rechazo a que no se les reconozcan los costes.
"Trataremos de seguir pleiteando", ha afirmado antes de subrayar que lo único que ha hecho es "ejecutar" lo que se les ha pedido y que, por ello, no se les hubiera podido imputar "ninguna culpa" por las consecuencias derivadas del cambio de ubicación del hospital fruto de los problemas de cimentación que presentaba el proyecto inicial.
Abraira ha asegurado también que la Administración cambió las condiciones estándares de cobro --"nos ha hecho un reequilibrio alterándonos las condiciones de juego y la capacidad de factura"-- que no se ajustan al derecho, aspecto que ha enmarcado en los puntos de divergencia que se han mantenido con la Junta y que han sido objeto de reclamación.
Así, se ha referido inicialmente a la interpretación del pliego, unilateral para la Administración, lo que les llevó a pedir la limitación de esa interpretación; a los criterios para las cláusulas de ajuste dado que los reequilibrios eran "insuficientes", por lo que se llevaron a los tribunales, y que fueron una "barbaridad" en el caso del vinculado a los servicios por ese cambio de los precios estándares fijados inicialmente.
LA INCIDENCIA DE LOS REEQUILIBRIOS
En relación con ello, ha precisado que el equipamiento original contemplaba 1.465 referencias que han pasado a 2.190, más de un 49 por ciento más, lo que supone un "cambio relevante" para la concesionaria, que "nunca" ha estado en situación de quiebra porque se ha anticipado a los costes aunque, ha añadido, esa viabilidad dependerá de lo que la Administración haga y de lo que los tribunales determinen --"si la administración interpreta más obligaciones y los tribunales le dan la razón... tendremos potenciales divergencias, pero no parece que es el caso o no debiera ser el caso"--.
En este mismo sentido, ha defendido la "solidez financiera" demostrada por la concesionaria, que en caso de "forrarse" cuenta con un techo de ganancia del dos por ciento, de modo que si ganara por encima de esa proporción la Junta le "recortaría" la cuantía que le paga, lo que para el presidente del Consejo de Administración de Eficanza tendría que producirse también a la inversa: si ganaran menos del dos por ciento, la Junta tendría que compensarles.
Además y en lo que a la eficiencia se refiere, Abraira ha incidido en la obligación de hacer auditorías de costes operativos y ha fijado en el 64 por ciento los costes de obra nuclear y en el 35 por ciento los de los accesorios para, a continuación, explicar que más del 80 por ciento de las partidas tienen una diferencia de entre el 20 y el 40 por ciento a la baja con respecto al coste para la Junta en cuestiones como mantenimiento integral, limpieza y esterilización aunque lo supera (lo triplica) en otros campos como el de jardinería.
El presidente del Consejo de Administración de la empresa, quien ha destacado que las batallas políticas a propósito de estas cuestiones son "malas", se ha detenido también en las condiciones financieras del proyecto, que entonces eran "de mercado" aunque no lo son en la actualidad, razón por la que la concesionaria ha pedido una rebaja a Castilla y León Sociedad Patrimonial (Cylsopa).
Abraira, quien ha equiparado los servicios que prestan con los de un hotel y ha recalcado que en la concesionaria, "de extraordinaria capacidad y credibilidad", figura la empresa con más experiencia en el sector y que su concesión era "la más barata" y la "más competitiva", ha defendido el control que se lleva a cabo del centro hospitalario y la existencia, desde un primer momento, de contadores de energía de entrada.
LOS GRUPOS
Por su parte, los portavoces de los grupos han cuestionado distintos aspectos de los defendidos por el presidente del Consejo de Administración como la "infracapitalización" del accionariado o su viabilidad, como en el caso de Manuel Mitadiel (Ciudadanos), quien ha puesto de manifiesto que la concesionaria "se metió en un negocio que conocía insuficientemente" y del que "muchos han comido".
Laura Domínguez (Podemos) ha cuestionado las verdaderas condiciones de la oferta técnica, que en su opinión era "claramente mejorable", y de la oferta inicial, a su juicio "insuficiente", así como los ámbitos en los que se han producido ahorros, mientras que Mercedes Martín, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión, ha preguntado por las posibles "presiones o prebendas con instituciones o particulares" para convertirse en adjudicatarios porque su propuesta "no era la mejor, ni muchísimo menos".
Además, ha preguntado por las razones de petición de un crédito al Banco Europeo de Inversiones cuando las entidades de ahorro de la Comunidad tenían presencia en la concesionaria y también por las de la elección del terreno inicial, el "menos idóneo", lo que le ha llevado a cuestionarse la identidad de los propietarios.
Los reequilibrios, el tipo de interés al que se pagan los créditos y las subcontrataciones han sido algunas de las preguntas lanzadas por José Sarrión, de Izquierda Unida-Equo, mientras que Ángel Ibáñez, del PP, ha preguntado por el beneficio y su garantía y se ha congratulado por el hecho de que todo el procedimiento llevado a cabo se haya abordado con criterios de "legalidad"
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