En España, las regiones se rebelan contra el déficit impuesto por Madrid

Numerosas regiones españolas, entre ellas Cataluña, se rebelan contra los ajustes presupuestarios impuestos por el gobierno español que, pese a mandar de forma interina, se encuentra ante la doble tarea de corregir su desviación del déficit y mejorar la financiación de las regiones.

Aunque la rebelión se viene incubando desde hace meses, la publicación del déficit público de 2015 fue el detonante: España registró un déficit del 5% del Producto Interior Bruto (PIB), casi un punto por encima del compromiso adquirido con Bruselas (4,2%).

Las causas fueron el estado de las cuentas de la Seguridad Social y el relajamiento de las regiones, que tenían que cumplir un déficit del 0,7% de su PIB pero alcanzaron el 1,66%. Este viernes, sus representantes se reúnen con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que quiere forzarlas a contener sus gastos.

La semana anterior, envío una carta a las 12 comunidades con mayores desviaciones donde les instaba a congelar sus gastos en 2016 para reducir el déficit al 0,3% marcado para este año. De no hacerlo, amenaza con intervenir las finanzas de las regiones incumplidoras.

"No se puede reducir más (...) Sería golpearle al propio Estado del Bienestar", dijo este viernes en la radio Cadena Ser la vicepresidenta de la región de Castilla y León (centro), Rosa Valdeón, del mismo partido que el gobierno conservador presidido por Mariano Rajoy.

Desde Cataluña, la región con mayor déficit en 2015 (2,7%), el vicepresidente Oriol Junqueras, uno de los líderes independentistas, afirmó por carta al ministro que el objetivo para este año "resulta inasumible tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista técnico".

La situación es especialmente grave en esta región, la más rica del país con un 19% del PIB nacional pero altamente endeuda y con muchos problemas de liquidez. Las tres principales agencias de calificación, Standard&Poor's, Moody's y Fitch, sitúan su deuda en el nivel de "bono basura".

Aunque las regiones españolas asumen el coste de los servicios básicos como la educación, la sanidad y los servicios sociales, el gobierno central es el encargado de recaptar la mayor parte de los impuestos y repartir las partidas entre las diferentes administraciones regionales.

"Hay que proteger el gasto en servicios públicos fundamentales: sanidad, educación y protección social. Cumplir el déficit no puede significar dañar esas prioridades. No caben más recortes", denunció en un artículo en el diario El País el presidente socialista de Valencia (este), Ximo Puig.

Poco antes de reunirse con los representantes regionales, Montoro anunció que el gobierno central recortará en 2.000 millones de euros su presupuesto para reducir el déficit. "Estoy convencido de que todo el mundo va a estar de acuerdo en el cumplimiento del objetivo de estabilidad", dijo el ministro, ante esta incipiente rebelión.

"La estabilidad financiera es la base de la recuperación económica", añadió.

Desde su llegada al poder a finales de 2011, el gobierno conservador de Mariano Rajoy convirtió en una prioridad la reducción del déficit, que se había disparado hasta el 9,3%. Por ello, retrasó la negociación de un nuevo modelo de financiación regional largamente reclamado desde las regiones para poder afrontar sus gastos.

Ahora, con España fuera de la recesión y un crecimiento del 3,2% en 2015, parecía el momento adecuado para reformar el sistema pero se ha visto de nuevo atrasado por las dificultades de los partidos para formar un nuevo gobierno tras las elecciones legislativas de diciembre, que dejaron un Congreso muy fragmentado.

Si no hay un nuevo ejecutivo antes del 2 de mayo, deberán convocarse nuevas elecciones para el 26 de junio, retrasando todavía más el nuevo sistema de financiación, imprescindible para algunas regiones para reducir su déficit.

"El gasto en servicios públicos fundamentales de las comunidades este año asciende a 105.000 millones. El Gobierno reparte unos 88.204 millones entre todos. Si tienen una calculadora a mano ya pueden echar cuentas de cuál será el déficit. Y no les saldrá el 0,3%", denuncia Puig en su artículo.