Este permiso específico para trabajadores con formación superior se instauró en 2011 pero ha tenido poco impacto en el panorama europeo, siendo Alemania el país que absorbe el 85% de las tramitaciones. Por ello Bruselas planteó el pasado año una revisión que deben negociar aún las instituciones.
El objetivo es introducir cambios que "simplifiquen" tanto los trámites burocráticos como los criterios de cualificación que se exige a los candidatos, así como para ampliar el campo de ampliación y reforzar los derechos de los titulares de la tarjeta.
Entre las condiciones que validan los eurodiputados está reducir de doce a nueve meses el periodo del contrato u oferta firme de empleo que debe recibir el aspirante para conseguir la tarjeta de residencia europea.
Además se deberán suprimir los sistemas nacionales equivalentes, para evitar el solapamiento y que se duplique el papeleo que deben cumplir tanto los trabajadores inmigrantes como las empresas que los contratan.
En cuanto al salario, la posición de la comisión europarlamentaria aboga porque represente una o 1,4 veces el salario bruto anual medio del país en el que residirá el trabajador extracomunitario cuando llegue a la UE. Esta condición podrá ser evitada, bajo ciertas condiciones.
Finalmente, la revisión de la "tarjeta azul" implica que los Estados miembros podrán retirar, renovar o rechazar una petición en base a razones de seguridad, siempre que estén debidamente demostradas. También podrán tener en cuenta el estado del mercado laboral, como una fuerte tasa de desempleo, antes de decidir un expediente.
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