El mandatario gallego ha asegurado que la sentencia hecha pública por el alto tribunal de la UE "pone fin a los recursos" y, por tanto, "traslada que el sistema de 'tax lease' español es conforme a la legislación europea".
Esto supone, ha añadido, que todos los contratos, tanto para los astilleros como para los armadores, son ahora contratos seguros que "están blindados" por esta decisión judicial que agota la vía jurisdiccional en el ámbito europeo.
Feijóo ha reconocido que este pleito con los astilleros holandeses "causó daños muy difíciles" al sector naval "durante 24 meses" como consecuencia de esta denuncia de Holanda y de la decisión del socialista Joaquín Almunia, entonces comisario de la Competencia.
Por todo ello, el presidente ha felicitado al sector por esta "buena noticia" y por caminar "unidas" varias comunidades, con el Gobierno y la Abogacía del Estado.
SENTENCIA
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha desestimado este jueves el recurso interpuesto por Países Bajos contra el nuevo sistema español de bonificaciones fiscales a los astilleros, conocido como 'tax lease', que denunciaron las autoridades holandeses pese a ser un programa autorizado por Bruselas en 2012.
La asociación holandesa Netherlands Maritime Technology denunció ante el tribunal el régimen de amortización anticipada para la financiación de activos, aplicable a buques, al considerar que favorecía únicamente a los astilleros españoles con una rebaja de entre el 20 y el 30 % del precio de construcción de los navíos.
En su sentencia, el TUE rechaza el recurso --confirmando así una primera sentencia de 2014-- y condena a la asociación holandesa a asumir los costes procesales propios y de la Comisión Europea. Si bien el Gobierno de España, que también se personó en el caso, deberá costear los propios.
El tribunal ha recordado que el Ejecutivo comunitario dio su visto bueno al actual 'tax lease' español en 2013, tras negociar modificaciones con las autoridades españolas.
Según recuerda el texto de la sentencia, Bruselas estableció entonces que el sistema de bonificaciones no constituye una ayuda de Estado irregular porque no concede "ventaja selectiva", y por tanto es compatible con la normativa europea.
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