El Fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, solicitó al Consejo Nacional de Estupefacientes reactivar el uso de la aspersión aérea contra los cultivos ilícitos, que considera como una amenaza para la paz.
En carta enviada por Martínez al ministro de Justicia, Jorge Londoño, el fiscal solicitó evaluar la política de erradicación manual de los cultivos ilícitos instaurada hace un año en Colombia y "considerar explícitamente la conveniencia de reanudar la aspersión aérea".
"La transición hacia una paz estable y duradera exige que las autoridades adelantemos un esfuerzo monolítico para erradicar el flagelo de los cultivos ilícitos", escribió Martínez en su misiva divulgada este domingo.
El fiscal solicitó la convocatoria de reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Estupefacientes para que se analice la reactivación de la estrategia tras recordar que el más reciente informe de las Naciones Unidas dio cuenta de un aumento en de los cultivos ilícitos en el país.
Martínez alertó sobre la presencia de grupos armados que estarían ocupando territorios dejados por las guerrillas de las FARC, que se aprestan a iniciar una desmovilización tras negociaciones de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Por su parte, el ministro Londoño indicó que no está de acuerdo con reiniciar el uso de las aspersiones aéreas.
"La Corte Constitucional, en una de sus sentencias fue clara, en que por el principio de precaución no era posible este tipo de aspersión. Y el Ministerio de Justicia también ha sido claro: no estamos de acuerdo", dijo Londoño en declaraciones a la radio Caracol.
En el marco de las negociaciones entre el gobierno de Santos y las FARC las partes acordaron realizar un trabajo conjunto sobre el tema del narcotráfico con planes de erradicación manual.
Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, con 96.000 hectáreas de sembradíos, y también el mayor productor de esa droga con 646 toneladas en 2015, según un informe de la ONU revelado en julio pasado.
El país vivió un conflicto armado que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, dejando un saldo de alrededor de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.
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