En su calificación provisional, el ministerio público solicita la apertura de juicio oral para José Joaquín Ripoll; los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll y Mónica Lorente. El fiscal les acusa, entre otros, de los delitos de información privilegiada, cohecho, tráfico de influencias, fraude, prevaricación y negociación prohibida.
Así, a Ripoll le pide hasta 16 años de prisión y 41 de inhabilitación; 17 años y 20 de inhabilitación para los empresarios Angel Fenoll y Enrique Ortiz; y cuatro años de prisión y 24 de inhabilitación para Mónica Lorente.
El fiscal explica en el escrito que en la tramitación de la adjudicación del plan zonal de Residuos de la Vega Baja, en 2007, el empresario Angel Fenoll tuvo conocimiento "incluso antes de ser público" del resultado en su contra de un informe que debía valorarse en la Comisión técnica del Consorcio de Residuos para la adjudicación.
Asegura que medió para que se valorase su oferta con una "estrategia ideada por el propio presidente del Consorcio, Ripoll". No obstante, la comisión valoró la oferta de Enrique Ortiz y motivó la paralización de la adjudicación hasta que a finales de 2007, por mediación de un tercero, Ortiz y Fenoll pactaron "un acuerdo de reparto de los beneficios que el Plan Zonal generaría, acuerdo auspiciado y dirigido por el presidente provincial Ripoll".
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