En una nota de prensa, Fernández se ha referido a "los problemas surgidos en la construcción del acceso por carretera entre la ZALIA y la AS-19 a la altura de la rotonda de La Peñona, un acceso en calzada simple de poco más de 4 kilómetros, para el que la Consejera ya desveló, a preguntas de FORO en octubre de 2015, un sobrecoste de 3 millones de euros y una modificación del plazo de ejecución de 30 a 42 meses".
"Y todo como secuela de la 'ceguera' de la Consejería, que no vio, a la hora de hacer el proyecto, varias líneas eléctricas de alta tensión, un gasoducto, líneas telefónicas y una tubería de saneamiento industrial perteneciente a Arcelor. A Belén Fernández, la Consejera de las irregularidades, y a su equipo, si tuvieran un ápice de vergüenza, debería caérseles la cara por actuar sin previsión alguna porque los sobrecostes los pagamos todos los asturianos", ha continuado.
"Ante esta lamentable gestión, a instancias de FORO -ha recordado Carmen Fernández- , el Pleno de la Junta General aprobó el 6 de noviembre de 2015 la Moción 7/X, en la que se instaba al Gobierno a cumplir el calendario establecido para la ejecución en 30 meses del acceso de sólo 4,2 km. entre la rotonda de La Peñona a la ZALIA, y a delimitar las responsabilidades derivadas de los errores surgidos en la elaboración del proyecto finalmente licitado, adjudicado con casi el 40% de baja y que iban a generar sobrecostes de las obras. Por tanto, el Gobierno de Javier Fernández incumple otra Moción de la Junta General que, a instancias de FORO, establecía un plazo máximo de ejecución, y ahora la ZALIA se quedará años privada de accesos".
Por estos motivos, resalta la diputada de FORO, "en la gestión y la administración de dinero público hay que delimitar responsabilidades cuando se produce un fiasco que, en este caso, les va a suponer a los asturianos otro sobrecoste y otro retraso para disponer de un acceso a la ZALIA y tratar de hacer más atractiva la venta de parcelas, que, a día de hoy, es un desastre económico de gran magnitud, fruto de la política megalomaníaca de la administración Areces. Alguien debería de responder por esta gestión una vez más revelada nefasta. Es ineludible que expliquen que sanción recaerá sobre el contratista incumplidor o sobre el órgano contratante que ha provocado la resolución de un contrato adjudicado por concurso público".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios