EL GOBIERNO CREA 16 PLAZAS DE MAGISTRADOS PARA LA SEGUNDA INSTANCIA PENAL

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó hoy un decreto por el que se crean 16 plazas de magistrados para hacer efectiva la segunda instancia penal, que ahora no existe en España para las sentencias de la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales.
Según informó Justicia, la segunda instancia penal está recogida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que España ratificó en abril de 1977 y “que establece con claridad el derecho de cualquier persona condenada por un delito a que tanto el fallo condenatorio, como la pena impuesta se sometan a un tribunal superior”.
Justicia explicó que, hasta ahora, en España existía esta segunda instancia penal contra las sentencias y autos dictados por los jueces de Instrucción y de lo Penal, que se recurren tradicionalmente en apelación ante la Audiencia Provincial.
Sin embargo, el departamento que dirige Rafal Catalá añadió que hasta ahora la legislación española no contemplaba la segunda instancia respecto a las sentencias dictadas en primera instancia por las audiencias provinciales y la Audiencia Nacional.
REPARTO POR COMUNIDADES
El Ministerio se refirió a que la atención a las necesidades de esta nueva figura jurisdiccional justifica la creación de 16 nuevas plazas de magistrado que se distribuirán en tres plazas para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y las 13 restantes para las Salas de lo Civil y de lo Penal de determinados Tribunales de Justicia.
La asignación de estas plazas se ha realizado teniendo en cuenta la previsión de la carga de trabajo que van a tener las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Igualmente se ha valorado la dispersión geográfica y el número de Audiencias Provinciales dependientes de cada tribunal superior de justicia (TSJ).
La distribución de estas 13 plazas será la siguiente: Seis magistrados en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla; tres plazas de magistrado para el TSJ de Cataluña; una plaza para el TSJ de la Comunidad Valenciana; y tres plazas para el TSJ de la Comunidad de Madrid. En el plazo de 18 meses el Ministerio de Justicia volverá a evaluar las necesidades existentes de cara a la posible creación de plazas adiciones.