EL GOBIERNO CREARÁ EL VIERNES EL GRUPO DE EXPERTOS PARA ANALIZAR LA FINANCIACIÓN LOCAL

El Gobierno aprobará el viernes la constitución de un grupo de expertos, cinco propuestos por él y otros cinco ya designados por la FEMP, para abordar la reforma de la financiación local y su techo de gasto en paralelo con la autonómica.
Así lo acordaron hoy la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Administraciones Públicas, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero.
En su rueda de prensa posterior, Santamaría celebró este “avance importante” y la “máxima disposición y voluntad de cooperación” que encontró en la FEMP, y también anunció que los dos centenares de municipios altamente endeudados y las empresas públicas municipales en quiebra técnica recibirán tratamientos personalizados para aliviar su situación.
Caballero, que intervino antes que Santamaría, explicó que fue la FEMP quien pidió esta reunión por dos temas urgentes. El primero, el de la financiación local y el techo de gasto de estas entidades, respecto al que celebró que el Gobierno se haya comprometido a que el grupo de expertos se reúna “de forma inmediata”. El otro tema, que se permita a los municipios con superávit utilizar su remanente para inversiones públicas en beneficio de sus ciudadanos.
Sobre este segundo asunto no arrancó un compromiso concreto del Gobierno, Caballero justificó que en 2016 las entidades locales habrán vuelto a obtener un superávit conjunto de entre 4.000 y 5.000 millones y que urge aprobar un procedimiento, ya sea una nueva ley o en la de acompañamiento de los presupuestos, que les autorice para invertirlo pronto. “Queremos una respuesta inmediata a esto, no puede esperar”, urgió, avanzando que si la propuesta fuera buena, la FEMP mostraría su apoyo a los presupuestos, y luego ya estudiaría el canal legal como se articularía.
Caballero explicó que la FEMP también se incorporará a algunos de los grupos de trabajo que se aprobaron en la pasada Conferencia de Presidentes, como los del reto demográfico, la movilidad de la función pública y el registro compartido para tramitar ayudas sociales.