El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha salido este miércoles en defensa de su anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, actualmente en trámite parlamentario, en lugar de la norma propuesta por Podemos Asturies que incluye la creación de una Unidad Anticorrupción en el Principado. Durante las comparecencias relativas a la propuesta de Podemos, Martínez ha cargado contra la formación por "sembrar desconfianza" en aspectos como el comportamiento de los funcionarios cuando observan irregularidades.
Según el secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, y según el relato del funcionario Cristóbal Manuel Carrero de Roa, hay trabajadores públicos que, al observar comportamientos irregulares deciden no denunciarlos por temor a "represalias o marginación" por parte de sus superiores. "Si queremos que la lucha contra la corrupción sea eficiente, hay que proteger la identidad de quienes denuncian conductas irregulares para evitar que se produzcan represalias", ha señalado el funcionario.
Martínez ha defendido "el buen hacer y la honradez" de los empleados que, ante un supuesto delito, denuncian "y no guardan silencio". Para el consejero, el planteamiento de Podemos responde a un intento de "sembrar desconfianza" siempre "en las mismas cuestiones".
Por su parte, Ripa ha criticado la falta de protección de los denunciantes en el sistema actual, incidiendo en la necesidad de articular una ley que impida la pérdida de recursos por actuar tarde contra la corrupción. "Sean valientes, la normativa internacional avala la creación de un organismo como el que se plantea con protección al denunciante", ha trasladado al resto de grupos de la Cámara, al tiempo que ha pedido la confianza de los partidos para mejorar el borrador de la ley.
Durante el turno de fijación de posiciones, el portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, se ha mostrado partidario de avanzar en la transparencia, pero ha advertido de los riesgos que conlleva, por conflictos con el Código Penal, asegurar el anonimato de los denunciantes.
En la misma línea se ha manifestado la diputada de Ciudadanos Diana Sánchez, quien ha evidenciado la problemática del anonimato a la hora de recibir denuncias falsas o intencionadas. Además, ha criticado los "defectos técnicos" del borrador de Podemos y ha abogado por tramitar de forma paralela las tres leyes relativas a la lucha contra la corrupción --la de Podemos, la presentada por el Gobierno y la de la Inspección General de Servicios-- para evitar conflictos de competencias.
Desde el PP, el diputado José Agustín Cuervas-Mons ha criticado la propuesta de creación de un nuevo órgano al entender que supondría añadir "un nuevo chiringuito" a la Administración autonómica, aunque ha reconocido desconocer "si es la solución" o si por el contrario hay que reforzar los medios ya existentes.
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