"Es como si Malasia simplemente les colgara un cartel alrededor del cuello poniendo 'sirviente de la represión de Turquía'", ha criticado Robertson en un breve comunicado.
El director general de la Policía malasia, Jalid Abú Bakar, ha asegurado que los tres hombres, un director de una escuela, un empresario y un académico, han sido deportados por su colaboración con el grupo FETO -siglas de la Organización Terrorista Fetulenista, en la que las autoridades engloban a todos aquellos que sigan a Fetulá Gulen--.
"En mitad de la noche y sin notificar a sus familias, Malasia ha enviado a estos tres hombres a enfrentarse a un posible riesgo de tortura y de un período prolongado de detención previa al juicio", ha señalado el subdirector para Asia de HRW, antes de matizar que esta decisión se ha tomado tras "un juicio que probablemente no habrá cumplido los estándares judiciales".
Robertson ha señalado en particular el caso de Ozcelik, calificado como persona de especial preocupación para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuya devolución constituye "una clara violación del Derecho Internacional".
"Lo que hace que esta situación suponga una mancha negra en el ya irregular historial de Malasia es el hecho de que altos cargos del Gobierno, incluido el viceprimer ministro y el inspector general de la Policía, han negado que Turquía esté detrás de esta detención, que justifican utilizando unas acusaciones aparentemente falsas de tener vínculos con Estado Islámico o de pertenecer al 'terrorismo local'", ha señalado.
Estas detenciones, ha explicado, se argumentan desde la Ley de Delitos de Seguridad (Medidas Especiales) --Ley SOSMA, por sus siglas en inglés--. "Esto muestra una vez más por qué la Ley SOSMA es un peligro para el derecho a un debido proceso y para los Derechos Humanos básicos de los malasios y de los extranjeros, y por qué ésta debe ser derogada de forma inmediata", ha añadido.
El inspector de la Policía malasio ha explicado que Ankara ha cancelado los pasaportes de los tres, razón por la cual, ha argumentado, su presencia en Malasia es ilegal.
HRW ya denunció a principios de mes la detención de dos de ellos, Karaman --director de una escuela internacional-- y Aslan, acusados por el Gobierno malasio de "actividades que amenazan la seguridad". Si bien ya entonces se habló de los posibles vínculos de los dos con el círculo del influyente clérigo Gulen, la esposa de uno de dellos aseguró que no existía tal relación.
Robertson pidió entonces que no fueran obligados "bajo ninguna circunstancia" a regresar a Turquía, donde podrían ser torturados.
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