CATALÁ INSISTE EN "REVISAR" LA ACUSACIÓN POPULAR Y NO CONFIARLA A "SINDICATOS ESPURIOS"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, insistió este martes en "revisar" la figura de la acusación popular para no confiarla a "sindicatos espurios".
Lo dijo en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta a la senadora de Unidos Podemos Celia Cánovas, que le preguntó por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Cánovas denunció en su intervención las filtraciones de conversaciones entre el expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana y el de Madrid, Ignacio González, en las que hablaban de la conveniencia de nombrar a determinados fiscales, como Manuel Moix, que "curiosamente" después fue designado Fiscal Anticorrupción "pese a no tener las cualidades necesarias".
La senadora considera "muy grave" que un ministro de Justicia sea "mencionado por presuntos corruptos" porque con ello se quiebra la confianza de los ciudadanos.
En su opinión, los cambios que el Gobierno quiere introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal buscan "controlar más que nunca" tanto las investigaciones como las filtraciones cuando afecten a cargos electos vinculados al PP.
Limitar la acción de la acusación popular, denunció, es "un insulto a la inteligencia" porqueha sido "la única" que ha permitido instruir determinados procedimientos "ante la inactividad del Ministerio Fiscal".
"ACUSADOS IMPUNEMENTE"
El ministro discrepó de la senadora y subrayó que en España hay 2.500 fiscales que defienden cada día los intereses generales de los ciudadanos y no pueden "ser acusados impunemente de no ser imparciales".
Defendió que esos fiscales necesitan "buenas herramientas" para hacer su trabajo y eso se traduce en leyes, medios materiales y dotaciones suficientes, y por ello considera "bastante evidente" la necesidad de reformar una ley que data del siglo XIX, con el fin de "agilizar" los procedimientos y evitar que se dilaten en el tiempo. Con la idea de un "fiscal investigador", Catalá cree que "sin duda habrá que revisar" la figura de la acusación popular.
Aunque la senadora crea que la acusación popular es garantía de vigilancia de los intereses de los ciudadanos, dijo el ministro, existen otros mecanismos para que no sea necesario confiar esa labor a "sindicatos espurios" que no se sabe "qué intereses defienden", en clara referencia a Manos Limpias.
Catalá se mostró partidario de revisar ante qué delitos se podrá ejercer la acusación popular y quién estará legitimado para iniciarla. Pidió además confiar en la Justicia y no considerar que un ponente del Tribunal Supremo es "magnífico" cuando archiva un procedimiento contra una determinada formación y después "dudar de su imparcialidad" cuando se le nombra fiscal general.