Sánchez Rubio ha realizado estas declaraciones antes de la reunión que se celebra en Madrid de la comisión para el análisis de la situación actual de la dependencia, de su sostenibilidad y de los actuales mecanismos de financiación, impulsada a petición de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la Conferencia de Presidentes. En este encuentro se procederá a votar el documento sobre dependencia que, si se aprueba, se llevará al próximo encuentro de presidentes.
La titular de Igualdad ha recordado que "en el sistema de financiación autonómica actual más de 220.000 andaluces se encuentran fuera de esta financiación" y que cada andaluz recibe 104 euros menos que la media nacional -en términos de financiación general--, lo que hace "insostenible el mantenimiento de los servicios públicos".
Además, ha subrayado que el documento presentado por el Gobierno central del grupo de trabajo de esta comisión "está muy lejos de los puntos de vista que hemos manifestado en las reuniones mantenidas". Por ello, volverá a "exigir que haya una partida presupuestaria específica en materia de dependencia, que se reconozca la deuda que se ha contraído con las comunidades autónomas y que se ponga la financiación para la sostenibilidad del sistema".
Por ejemplo, Sánchez Rubio ha detallado que "el documento no deja claro cuál debe ser la aportación del Estado y las comunidades de acuerdo con la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia". "Siendo este el tema más debatido en las reuniones, hasta la saciedad, pasa de puntillas sobre el mismo y ni siquiera refleja las enormes diferencias que nos separan", ha dicho.
Así, ha denunciado que "Andalucía asume ya el 81 por ciento de la financiación del Sistema de Dependencia, pese a que la Ley que lo regula marca que debe ser al 50 por ciento entre las Comunidades Autónomas y el Estado", según ha explicado.
Para la consejera, "el Gobierno central no está dispuesto a reconocer el carácter finalista de la financiación en materia de dependencia", tal y como "se fija en la Ley que la regula". "El documento no incorpora en su cuerpo el compromiso legal de cada una de las partes con el sistema y es especialmente condescendiente con la falta de financiación estatal del sistema", ha remachado.
En esta línea, ha detallado que el documento "no reconoce las cifras que el Estado adeuda tanto en el nivel acordado, como en el nivel mínimo, ni establece los mecanismos necesarios para ir incorporando estas cantidades económicas al sistema para hacerlo viable". "La conclusión principal a la que entendemos que debería llegar esta comisión es que sin la participación económica del Estado al Sistema de atención a la Dependencia, este no es viable ni sostenible. No es solo que se incumpla la Ley sino que esa falta está provocando el colapso del sistema desde, al menos, el año 2012", ha reiterado Sánchez Rubio.
RECORTES DE 625 MILLONES
Los recortes del Gobierno central en los últimos años en materia de dependencia, sólo en Andalucía, se cuantifican en 625 millones de euros desde 2012, según ha detallado la consejera. Además, los Presupuestos Generales del Estado suponen "de nuevo una dejadez del Sistema de Dependencia, a los que se suman otros 17 millones por el pago de la teleasistencia avanzada, lo que permitiría atender a 105.000 personas más sólo en nuestra Comunidad Autónoma".
La consejera ha resaltado también que "no se ha querido abordar", aunque las comunidades que participan en el grupo de trabajo lo han propuesto, la modificación de los criterios de reparto de la financiación que están funcionando en la actualidad. Para Sánchez Rubio, estos son "claramente injustos" y "no tienen en cuenta el coste real del sistema".
"Está claro que no cuesta lo mismo una prestación de atención residencial, que una prestación de promoción de la autonomía personal o una del entorno familiar y sin embargo los criterios de financiación del sistema no tienen en cuenta esta realidad", ha añadido.
A fecha de 31 de julio, Andalucía cuenta con 186.800 personas en situación de dependencia (el 20,5 por ciento del total nacional), que se benefician de 239.800 prestaciones (el 21 por ciento del total). Así, el Servicio de Teleasistencia en Andalucía lo están recibiendo 206.000 personas, de las que 75.800 son personas en situación de dependencia, lo que representa el 43 por ciento del total nacional, mientras que el Servicio de Ayuda a Domicilio de la atención a la dependencia lo reciben 52.100 personas, el 29 por ciento del total nacional.
Sánchez Rubio ha destacado que desde la Junta de Andalucía, "a pesar de los recortes del Gobierno de España", se ha "reactivado la atención a la dependencia". En 2015 y 2016, Andalucía ha incorporado a unas 70.000 personas beneficiarias (con un crecimiento neto de más de 20.600 personas) con 93.000 prestaciones nuevas, y se han llevado a cabo más de 134.000 nuevas valoraciones y revisiones, tal y como ha apuntado la consejera.
Además, el pasado mes de marzo se puso en marcha un plan para "mitigar" los efectos de "los recortes del Ejecutivo central a Andalucía" en materia de dependencia, avanzar en la atención de las personas sin prestación reconocida y reducir los tiempos de respuesta. La nueva estrategia, de carácter anual, cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros que permitirá atender en Andalucía a más de 234.000 personas en situación de dependencia en marzo de 2018. La consejera ha informado que desde la puesta en marcha de este plan, se han incorporado al sistema 15.130 personas con un total de 20.698 prestaciones.
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