En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Junta pide para el exconsejero seis años de prisión y 17 de inhabilitación por un delito continuado de malversación; nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, y seis meses de cárcel, 817.180,37 euros de multa e inhabilitación por tiempo de cuatro años por un delito de tráfico de influencias.
De igual modo, la Junta acusa a otras ocho personas, entre ellas el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, para el que pide cinco años y medio de cárcel, 27 años de inhabilitación y el pago de una multa de 707.560,37 euros, y el también ex director general de Trabajo Juan Márquez, para el que pide tres años de prisión y 13 de inhabilitación.
La Junta exculpa en esta pieza al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y al ex director general del antiguo IFA Miguel Ángel Serrano, al considerar que "no son autores" de los delitos referidos.
Se trata de la primera vez en que, dentro del caso ERE, la Junta solicita una pena de prisión o inhabilitación para algún ex alto cargo de la propia Administración autonómica, pues cabe recordar que anteriormente pidió el archivo de la pieza del procedimiento específico, en la que hay encausados un total de 26 ex altos cargos, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
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