La Junta resalta la importancia de la orientación jurídica apresos para garantizar los derechos de la población reclusa

Más de 4.000 internos se han beneficiado del servicio que prestan

cerca de 800 letrados y financia la Consejería de Justicia e Interior

El director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta, Francisco Muñoz, ha resaltado este viernes en los IX Encuentros Andaluces de Derecho Penitenciario la importancia del servicio de orientación jurídica a la población reclusa, que financia la Consejería de Justicia e Interior, para garantizar la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y contribuir a su reinserción social.

En las jornadas, celebradas en Cádiz, Muñoz ha señalado que este servicio lo prestan en Andalucía un total de 779 abogados con un alto nivel de especialización, que orientan, informan y actúan en defensa de los intereses de la persona reclusa, con el único límite de la defensa de la libertad o de sus propios intereses por su condición de parte en un proceso, ha informado la Junta en una nota.

El servicio de orientación jurídica atendió en 2016 a más de 4.000 presos en las 13 cárceles existentes en Andalucía, aproximadamente un tercio de toda la población reclusa de esta comunidad, según ha apuntado el responsable de la Consejería de Justicia e Interior.

La Junta ha destinado más de 125.000 euros a financiar en el último año la asistencia que ofrecen los profesionales de los colegios de abogados en los centros penitenciarios de la comunidad autónoma, cumpliendo así con el compromiso adquirido en el convenio firmado con el Ministerio del Interior y los letrados para este servicio.

Gracias a ello, la población reclusa cuenta con asesoramiento gratuito sobre cuestiones propias del ordenamiento jurídico penitenciario, permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o sobre los requisitos de acceso a la asistencia jurídica gratuita general.

De esta asistencia se encargan letrados especialistas en materia penitenciaria que se desplazan a las prisiones para prestar la orientación jurídica en unas horas y días fijados por la dirección de cada centro, lo que contribuye a mejorar también la convivencia en los centros penitenciarios andaluces y a favorecer su reinserción social.

"El derecho no debe quedarse nunca a las puertas de la cárcel. Las personas privadas de libertad siguen conservando todos sus derechos, excepto aquéllos que la sentencia judicial les haya privado, y los abogados son los garantes de que se respeten durante todo el tiempo que permanecen en prisión", ha subrayado Francisco Muñoz.

Esta prestación forma parte de un convenio firmado en 2015 por la Junta con el Ministerio del Interior, como responsable de las políticas penitenciarias, y los representantes de los abogados andaluces, con una vigencia de tres años prorrogables y una financiación de la Administración andaluza que se acercará en total a los 420.000 euros.