Ha sido en el transcurso de la comparecencia que el citado director general ha protagonizado en la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento andaluz a petición del grupo Podemos inicialmente para abordar la atención en Andalucía al colectivo refugiados sirios, si bien Vargas ha extendido sus consideraciones al conjunto de dicho colectivo, y no solo a los de la citada nacionalidad.
Ha recordado que "el ámbito competencial de asilo y refugio corresponde al Estado", y ha explicado que la Junta "no está realizando ninguna actuación específica para el conjunto de personas desplazadas más allá de las que ya viene atendiendo en el uso de sus competencias con las personas migradas".
Según ha apostillado, ello "no es óbice para que la crisis que está viviendo Europa no nos afecte en sus aspectos humanitarios y políticos", porque en este contexto "se están cuestionando algunos de los valores más básicos sobre los que se asienta la UE", lo que "nos obliga a tener un papel más activo", según ha agregado.
Vargas ha indicado además que España, el pasado año, asumió en virtud de un acuerdo en el seno de la UE la acogida de un "cupo de contingente humano" con personas procedentes de Grecia, Italia y Turquía, si bien la cifra total no está "determinada ni distribuida por las comunidades autónomas, como tampoco están determinados los criterios con los que se va a producir esa reubicación de personas", y ello pese a que, según ha apostillado, es una "demanda constante de las comunidades autónomas, sin distinción de sesgo político", a los Ministerios de Empleo y de Interior.
En esa línea, ha indicado que el Gobierno "periódicamente" y "a cuenta gotas" ha ido comunicando "las entidades que se iban a ir encargando de esas personas", y la información con la que cuenta la Junta es "exigua" y en primer lugar "la estamos recibiendo de las ONG", algo que "no parece lógico", según ha apuntado Vargas, que cree que desde el Gobierno "no proporcionan información porque en realidad tampoco la tiene el Ministerio de Empleo", y "las entidades que trabajan en esto se enteran de un día para otro de que se les ha asignado un contingente de personas".
SITUACIÓN DE "INDEFINICIÓN"
Esta "indefinición", según ha abundado, "de alguna manera está condicionando qué recursos públicos se van a poner en funcionamiento, con el riesgo añadido de que se pueda trasladar a la opinión pública que a personas que vienen de fuera se les están cubriendo una serie de necesidades que en muchos casos están padeciendo los propios autóctonos o los inmigrantes que llevan muchos años estabilizados", lo que abriría "una serie de agravios" que pudieran desembocar en "incidentes que nadie quiere".
No obstante, Vargas también ha señalado que aunque "la ola de solidaridad generada en la sociedad ante las terribles imágenes que se han ido mostrando en los medios de comunicación ha generado una sensación de preocupación seria", lo cierto es que el "flujo constante que ha podido venirnos desde Ceuta y Melilla se ha venido gestionando con una cierta normalidad, en el sentido de que las personas han tenido la atención requerida".
También ha explicado que en el ámbito de Andalucía se han mantenido "muchísimas reuniones con ONG y con entidades del Foro Andaluz de la Inmigración que han culminado en la creación de una mesa técnica por la que estamos en permanente contacto", si bien a la espera de conocer "cuáles van a ser las necesidades que vamos a tener que atender".
El director general de Coordinación de Políticas Migratorias ha calificado de "cortoplacista" el enfoque desde el que se está abordando esta cuestión por parte de la UE, que lo está considerando como "un problema coyuntural cuando realmente es estructural", y en esa línea ha indicado que "lo ideal sería que la UE se planteara seriamente una reformulación de sus políticas de inmigración", de modo "no se vea el derecho de asilo y refugio de los desplazados económicos como un problema de índole humanitaria, sino como un problema de aplicación de derecho internacional y compromisos que todos tenemos asumidos, y una oportunidad de que nuestra sociedad envejecida adquiera nuevos bríos" y aproveche "el potencial de talento que nos puede venir desde fuera".
Por parte de Podemos, el grupo que había solicitado la comparecencia de Luis Vargas, ha intervenido la diputada Begoña Gutiérrez, quien ha subrayado que la "atención y acogida" a este colectivo de personas "corresponde a la Consejería" de Justicia e Interior, y ha remarcado que en la actualidad se vive "una crisis humanitaria" que provoca "alarma y preocupación" en la sociedad.
Según la representante de Podemos, "la respuesta española" a esta cuestión "ha sido hasta ahora mínima", y el Gobierno central en un principio "se había negado a asumir la cuota de refugiados que le exigía Bruselas".
PODEMOS PIDE QUE ANDALUCÍA "ESTÉ A LA ALTURA"
Frente a ello, ha suscrito unas palabras que, según ha indicado, pronunció recientemente el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, para señalar que estos refugiados salen de sus países de origen huyendo de situaciones dramáticas como guerras y para salvar sus vidas.
Desde Podemos quieren que Andalucía sea "un referente de implicación y respuesta", según ha indicado Gutiérrez, que considera que Andalucía, "una comunidad bastante solidaria", está "llamada a participar con un papel protagonista en el despliegue de atención y recepción a estas personas", de modo que "tiene que estar a la altura".
En su segundo turno de palabra, el director general de Coordinación de Políticas Migratorias ha insistido en señalar que desde las comunidades autónomas se está reclamando al Gobierno central información sobre la "cuota del contingente" de refugiados que "se va a distribuir en las regiones" españolas, así como sobre los "criterios" de su reparto, y, "sobre todo, coparticipación en las decisiones económicas para el destino de los recursos previstos" con los que se va a atender este objetivo.
Y es que las comunidades autónomas están "absolutamente a ciegas" en esta cuestión, según Vargas, que ha indicado que al dispositivo de inmigrantes que vayan a llegar a Andalucía se le van a "aplicar los mismos recursos que al resto de la población migrada" en la comunidad, de modo que "van a disponer de la sanidad pública y acceso a la educación pública", así como de "todo el catálogo de recursos y prestaciones sociales que vaya a haber".
Desde Andalucía no se quiere "marcar la pauta de lo que tiene que hacer" el Gobierno, pero reclama que se les "escuche", porque ha apuntado que "sería erróneo" pensar que, ese contingente humano que vaya a llegar, "por muy asumible que sea, no va a crear ningún tipo de disfunción en los propios servicios públicos que se están prestando en la comunidad".
Por ello, desde la Junta creen que "solamente la cooperación interadministrativa y de todos los sectores implicados, con un trabajo sistemático y metodológico correcto, es lo que puede evitar los problemas". Vargas ha concluido señalando que en la Administración andaluza están "abiertos al diálogo con todas las entidades" y no se ha buscado "cerrar ningún puente con la Administración del Estado".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios