La Junta inicia la tramitación de la estrategia andaluza contra la trata de mujeres

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes iniciar la tramitación de la estrategia para la lucha contra la trata de mujeres y menores con fines de explotación sexual, que establecerá las medidas de la administración autonómica para prevenir y erradicar estas prácticas delictivas en el marco de sus competencias.

En un comunicado, la Administración autonómica ha explicado que la nueva planificación "prestará especial atención a la mejora de los mecanismos de coordinación" con los organismos responsables de la investigación y persecución de estos delitos, cuyo daño se amplifica por la implicación de organizaciones criminales internacionales que, además, utilizan las redes sociales y las nuevas tecnologías de Internet.

Otra prioridad se dirigirá a la identificación "eficaz" de las víctimas para hacer posible "su protección y asistencia integrales", impulsando el papel de las organizaciones especializadas en la materia.

De igual modo, la estrategia intensificará tanto las medidas de información a la ciudadanía, especialmente las dirigidas a evitar el consumo de prostitución, como los mecanismos de detección, protección y asistencia a colectivos vulnerables como los menores de edad, las personas con discapacidad o las víctimas con hijos.

Para la elaboración del documento, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales constituirá una mesa técnica con representantes de este departamento y de Educación, Salud y Justicia e Interior, así como de los Colegios de Abogados de Andalucía, las universidades y las organizaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollan su labor en este campo.

La propuesta base se someterá a información pública y, una vez incorporadas las aportaciones, se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.

La trata de personas con fines de explotación sexual es una forma de "esclavitud moderna" considerada por la Corte Penal Internacional como "uno de los crímenes más graves que se cometen contra la humanidad".

Según Naciones Unidas (ONU), afecta a 2,5 millones de personas en el mundo (el 98% mujeres y niñas) y que mueve anualmente entre cinco y siete billones de dólares. Eurostat calcula en unas 30.000 las víctimas de la trata registradas en la Unión Europea (un 69% de ellas objeto de explotación sexual).

La oficina estadística comunitaria ha señalado también el creciente aumento de casos de menores captados con engaños a través de las redes sociales y los medios tecnológicos.

La legislación internacional ha coincidido en la persecución del delito de trata, aunque se aprecian diferencias entre países cuando se ignora la estrecha vinculación que existe con la prostitución y se invoca el derecho de las mujeres a ejercerla de forma voluntaria.

La ONU creó en 2003 la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y dos protocolos suplementarios sobre tráfico y trata de seres humanos, primer instrumento universal que aborda la mayoría de los aspectos de la trata de personas con fines de explotación sexual.

En estos protocolos se detalla que "una víctima puede expresar que se prostituye por su voluntad" y a la vez sufrir inconscientemente situaciones que le conducen a ello, tales como la extrema pobreza; condiciones distintas que le fueron ofrecidas en su lugar de origen; amenazas veladas; deudas económicas o, simplemente, dependencia psicológica del agresor-explotador.

Según el organismo internacional es raro dar con un caso en el que la mujer prostituida no haya sido previamente víctima de abuso de poder por su vulnerabilidad.

VÍCTIMAS EN ANDALUCÍA

Además de las recomendaciones de la ONU y las organizaciones especializadas, la estrategia que ahora comienza a diseñarse tomará como referencia diversos trabajos llevados a cabo durante los últimos años para determinar el alcance del problema en la comunidad autónoma. Entre ellos destaca el estudio 'Las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Andalucía', realizado en 2011 por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) a través de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Este trabajo, realizado a través de encuestas, revela que el 63 por ciento de las víctimas son extranjeras captadas en sus países de origen y que el 77 por ciento han sufrido previamente agresiones sexuales por parte de la pareja, familiares o grupos armados, situaciones extremas que hacen que las mujeres vean una salida en las redes mafiosas y en la prostitución.

De acuerdo con el estudio del IAM, un 55 por ciento de las víctimas extranjeras salen de sus países por necesidad económica; un 23 por ciento por la huida de conflictos bélicos, y un 22 por ciento por situaciones familiares, entre ellas el cuidado de menores o el rechazo familiar tras haber sido violadas. Sus expectativas de futuro varían según la zona de procedencia.

En líneas generales, las mujeres procedentes de Europa del Este aspiran a convalidar o terminar sus estudios y lograr un puesto de trabajo a medio plazo. Sin embargo, las mujeres de Latinoamérica (con menos formación pero con la ventaja idiomática) que también desean trabajar en la hostelería y los servicios domésticos una vez salden la deuda y regulen su situación y las mujeres africanas son las que encuentran más obstáculos y sólo aspiran a corto y medio plazo a obtener permisos de acogida y de residencia.

El IAM ha planteado diversas propuestas en las que se ha avanzado durante los últimos años y que serán incluidas en la estrategia acordada este martes por el Consejo de Gobierno y que entre ellas destacan la actuación informativa inmediata en los puntos de entrada masiva, como Ceuta y Melilla, para dificultar el contacto con las redes mafiosas en la Península, así como un trabajo de concienciación inmediata, dado que el 89 por ciento de las víctimas no se reconocen como tales.

A partir de ahí, en el plano jurídico el estudio recomienda fomentar las decisiones de denuncia; equiparar los derechos de las víctimas de trata con los del resto de la violencia de género para garantizarles la misma asistencia, o crear turnos de abogados especializados.

En el ámbito sanitario se ha propuesto reforzar la atención especial a un colectivo que sufre enfermedades como el VIH, mientras que en el terreno laboral se aboga por fórmulas de acompañamiento a la inserción.