La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortes, y el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, han suscrito este protocolo en el que se establecerán las pautas de actuación coordinada para que la gestión de los bienes intervenidos, embargados o decomisados por resolución judicial sean más eficaces, no se deprecien o deterioren rápidamente y se garantice el máximo beneficio de éstos.
El Ministerio de Justicia ha explicado en un comunicado que ambas instituciones han acordado intercambiar información sobre previsiones en materia de tasación, planificación de subastas o procedimientos de enajenación que puedan afectar a estos bienes.
Además, solicitarán conjuntamente a los juzgados la destrucción de bienes embargados sin valor de mercado cuando el mantenimiento y la gestión de los mismos sean gravosos para la Administración.
INFORMACIÓN SOBRE LOS EMBARGOS
La ORGA se ha comprometido a solicitar a juzgados y tribunales la gestión de los bienes embargados cuando por su "especial naturaleza, costes de conservación o rápida depreciación", se puede evitar actuaciones antieconómicas.
También, este organismo registrará en su sistema informático la fecha de la anotación preventiva del embargo en el registro público correspondiente y cada seis meses informará a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas de las nuevas altas que se produzcan.
Por su parte, la Delegación facilitará a la ORGA toda la información de la que disponga sobre los bienes embargados por el tráfico de drogas para que se pueda "verificar la integridad y exactitud" de los datos que consten en un expediente.
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