La justicia chilena dictó este miércoles arresto domiciliario nocturno para el exministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), Pablo Longueira, tras imputarlo en una causa que investiga corrupción en la formulación de una ley en la minería.
El exsenador, al que se le prohibió salir del país, fue formalizado por delitos tributarios y cohecho (participación en sobornos), tras los alegatos de la fiscalía que acusó al político de actuar en favor de la gigante minera Soquimich (SQM) durante la formulación de una ley que estableció un impuesto especial a la minería.
A su vez, se acusó al político de recibir miles de dólares por vía de donaciones y boletas ideológicamente falsas emitidas por personas cercanas al exsenador, para financiar su actividad política.
La resolución de la justicia "garantiza el proceso de tal manera que el tribunal ha dado como suficiente los antecedentes que hemos expuesto el día de hoy y en ese termino, como Ministerio Público, estamos satisfechos", comentó el fiscal del caso Pablo Gómez, a periodistas al cierre de la audiencia.
En marzo, Piñera declaró voluntariamente en la causa luego de que se filtraran correos electrónicos que relacionaban a Longueira y el exgerente general de SQM, Patricio Contesse, donde supuestamente se acuerdan detalles de la norma.
El impuesto especial fue armado durante el mandato del derechista para financiar parte de la reconstrucción del país tras el terremoto de 8,8 de magnitud que sacudió Chile en 2010.
Además de dictaminar las medidas cautelares a Longueira, la audiencia que duró más de ocho horas se mantuvo el arresto domiciliario nocturno dictado anteriormente a Contesse, involucrado en una mega causa que investiga a SQM por lavado de activos y delitos tributarios tras un supuesto financiamiento ilícito de campañas de políticos de izquierda y derecha.
En los últimos dos años el estallido de los casos "Penta", un mediático caso de corrupción que destapó el financiamiento ilegal de campañas, y "Soquimich", pusieron en el ojo de la tormenta a los políticos chilenos, golpeando su credibilidad.
A dichos casos se sumaron varios de colusión empresarial entre grandes cadenas y un caso de tráfico de influencias por el que fue formalizada con prohibición de salir del país y firma mensual la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon.
El caso dinamitó la popularidad de la presidenta socialista, que en los últimos meses tocó sus mínimos históricos con porcentajes de aceptación apenas superiores al 20%.
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