Málaga Ahora, Izquierda Unida, Ciudadanos, PSOE y PP, tal y como escenificaron este lunes los respectivos portavoces en una rueda de prensa junto al presidente de la Diputación, Elías Bendodo, han dado su apoyo a este plan y han subrayado el consenso y la responsabilidad de todas las formaciones en beneficio de la provincia.
De ese superávit de 44 millones, además de los 27 millones del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (PIFS), tres millones irán a un fondo provincial para aquellas localidades con una situación de liquidez difícil; y dos millones para el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), cantidad que todos los grupos han destacado dada la situación de este organismo y que le permitirá tener estabilidad y garantizar el pago de nóminas hasta final de 2017.
En este punto, el portavoz socialista, Francisco Conejo, ha hecho un llamamiento para que esa cantidad se amplíe y el CPB tenga más liquidez "para que pueda realizar sus tareas"; instando a una modificación presupuestaria más adelante para incrementar las partidas para el mismo. Así, ha tendido la mano al presidente del Consorcio, Francisco Delgado Bonilla, "porque ambos queremos que estos bomberos no sufran lo que están pasando los de la capital".
Todos los partidos han destacado los 2,73 millones para un plan de obras hidráulicas; un millón para la construcción de depuradoras en la zona de Genal-Guadiaro y 88.000 euros para la redacción de los correspondientes proyectos; 250.000 euros para el Programa de Fomento del Empleo Agrario; 199.000 euros para la parte de la Ley de Dependencia de Diputación; 200.000 euros para inversiones mancomunadas y 7,3 millones para amortizar la deuda financiera de manera anticipada con el objetivo de que en 2018 sea cero.
Sobre esto último, Málaga Ahora, Izquierda Unida y el PSOE han destacado que se vaya a amortizar menos dinero de deuda de lo inicialmente previsto por el equipo de gobierno del PP, incidiendo en que en la provincia hay muchos servicios que dar y necesidades de la población.
CRITERIOS DE POBLACIÓN
El dinero del PIFS, que supone un incremento de 2,6 millones respecto al año anterior, se deberá dedicar a obras con una vida útil superior a cinco años, como estacionamientos, mejoras de vías públicas, parques y jardines, protección del patrimonio histórico y artístico, carreteras, caminos vecinales, saneamiento, abastecimiento de agua, etcétera.
El reparto del dinero se realizará según criterios de población aunque se añadirán unos coeficientes para primar a los pueblos más pequeños. Así, las cantidades oscilarán entre los 100.000 euros de los de menos de 500 habitantes y los 375.000 euros de los de entre 20.001 y 25.000 habitantes.
De los 27 millones, 16.415.000 se los reparten 91 municipios menores de 25.000 habitantes; mientras que los que superan esa población, concretamente 12, sumarán 10.585.000 euros. Marbella es la localidad con más inversión, concretamente 1.862.615 euros; seguido de Vélez-Málaga (1.044.035 euros); Mijas (1.029.200 euros); Fuengirola (1.025.454 euros); Torremolinos (897.084 euros); Benalmádena (889.925 euros); Estepona (882.487 euros) y Málaga capital (860.000 euros).
El presidente de la institución supramunicipal ha incidido en que en la Diputación "vamos por el buen camino" y ha agradecido la "responsabilidad" de todos los grupos políticos de la Corporación.
También ha reiterado que la deuda estará por debajo de los 30 millones cuando concluya 2017 y que cuando se liquide el presupuesto de 2018 será de cero euros. "Es un esfuerzo de todos, de la oposición y del Gobierno y eso nos dará proyección de ser una administración solvente y permitirá seguir invirtiendo en todos los municipios", ha recalcado.
La portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, ha subrayado el consenso de todos, destacando especialmente los dos millones al CPB; las cantidades para arreglar las infraestructuras hídricas aunque ha pedido un estudio de la gestión del agua; y ha reiterado que esperaban que se dedicara menos dinero a amortización voluntaria de la deuda "en una provincia donde los desahucios se están incrementando" pero "valoramos el gesto de reducir un poquito" esas cantidades.
Para Gonzalo Sichar, portavoz de Ciudadanos, el acuerdo es "un ejemplo para las cuatro administraciones --diputaciones, ayuntamientos, Gobierno central y Junta de Andalucía--" y ha reivindicado el papel de su formación en la institución, con el plan de infraestructuras hidráulicas, una de sus peticiones para apoyar la aprobación del presupuesto de 2017.
También se cumple, ha dicho, el impulso de los trabajos para finalizar el saneamiento con las depuradoras de Jimera de Líbar y Atajate --más de un millón de euros-- y 200.000 euros para la senda verde desde Caminito del Rey hasta Villanueva del Trabuco, entre otras.
El portavoz de IU, Guzmán Ahumada, ha aprovechado para reclamar que hay "muchas más" cuestiones en las que los grupos de la Diputación deberían ponerse de acuerdo y ha valorado que de la propuesta inicial de destino de este superávit "desaparecen algunas como subvenciones directas o discrecionales", además del descenso en la amortización de la deuda: "no es lo más prioritario cuando hay tantos problemas que resolver".
También ha incidido en que el PIFS va vinculado a un plan de empleo, de manera que "de todas las contrataciones el 30 por ciento deberán ser para parados de larga duración". "Invertir en inversiones es invertir en economía real. Creo que no solo hay que acabar con la deuda de las administraciones sino que también hay que acabar con la deuda de los malagueños y para ello hay que dar oportunidades de empleo y que las empresas aumenten ventas y negocio", ha sostenido.
UN PACTO POR EL MUNICIPALISMO
En su intervención, el socialista Francisco Conejo ha reclamado un "gran pacto por el municipalismo" para que el Gobierno central "quite el techo de gasto porque está impidiendo a las administraciones que cumplen garantizar servicios de calidad".
"Tenemos que iniciar una andadura de reivindicación y reclamación. Hay que ser valientes e igual que este lunes comparecimos con un gran consenso para destinar este superávit, alcemos la voz y firmemos un pacto para reclamar financiación justa para el municipalismo", ha recalcado, recordando a Bendodo que él "ya lo ha aprobado en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)".
En este sentido, Bendodo ha aclarado que en la FEMP, "aunque no con el grado de consenso que hay aquí", cuenta con mesas de trabajo sobre diversos asuntos, entre ellos ese techo de gasto: "ese es el foro adecuado; somos una administración local más y en la junta de gobierno de la FEMP ya se está avanzando en este tema".
La diputada de Economía, María Francisca Caracuel, ha destacado, por su parte, el consenso con la oposición y ha aclarado que el superávit "es consecuencia de la obligatoriedad del techo de gasto".
Así, aunque ha recordado que en diversas mociones se ha pedido la flexibilización, esa regla "es un elemento más que ha hecho posible la buena gestión del presupuesto", cuya ejecución ha llegado al 85 por ciento. Sobre la amortización, ha puntualizado que liberar anticipadamente esa deuda "no es mala cosa porque libera partidas para que en 2018 tengamos menos obligatoriedad y se incrementarán otras partidas".
Durante este pleno extraordinario ha tomado posesión el nuevo diputado socialista, Manuel Chicón, de Antequera, que sustituye a Cristóbal Fernández, nombrado director gerente de Turismo Andaluz.
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