Así lo ha anunciado Jaua tras la marcha de ancianos que se ha celebrado este viernes en Caracas en apoyo del Gobierno y ha revelado que ha intentado contactar por teléfono con el presidente de los obispos venezolanos, Diego Padrón, pero que no ha podido, según informa el diario local 'El Nacional'.
Maduro quiere que la Iglesia Católica sea uno de los interlocutores del amplio "diálogo social" que quiere poner en marcha para consensuar la redacción de la nueva Norma Fundamental, algo a lo que la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) se ha negado.
La CEV, que se ha pronunciado a través de comunicados, ha calificado de "lamentable" la situación en el país y ha defendido que "no hay que reformar la Constitución sino cumplirla". Además, ha llamado a los venezolanos a "no resignarse" y "levantar su voz de protesta" pero sin caer en la violencia.
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Maduro anunció el 1 de mayo, con motivo del Día Internacional del Trabajo, su intención de convocar una Asamblea Constituyente para "preservar la paz y estabilidad" de Venezuela, argumentando que es la única forma frente a la negativa de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) --coalición opositora-- a retomar el diálogo político.
La comisión presidencial encabezada por Jaua tiene la tarea de "elaborar una propuesta para las bases comiciales, territoriales y sectoriales, así como para los principales aspectos que servirán de fundamento a la conformación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente, previa consulta a los más amplios sectores del país".
El jefe de Estado solo ha detallado que la Asamblea Constituyente estará formada por 500 "ciudadanos" que, según ha precisado, "serán elegidos libremente a través del voto universal directo y secreto" en las próximas semanas. La mitad, 250, serán elegidos de entre sectores de marcado corte oficialista.
La MUD ha interpretado esta medida como una consumación del "autogolpe" y ha llamado a sus seguidores a continuar en las calles. La coalición opositora no ha dejado de manifestarse desde el 4 de abril por los fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que privaron al Parlamento de sus poderes y a los diputados de su inmunidad.
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