Así lo ha indicado en rueda de prensa este martes tras presentar al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, el informe especial '25 años del programa de solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en las actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz", elaborado tras las más de 900 quejas y 1.949 consultas recibidas en la Defensoría entre 1991, cuando se puso en marcha el primer decreto del Programa de Solidaridad, y 2016. Además, señala que en 2017 la institución lleva recibidas cuatro quejas y 74 consultas, por lo que el total ya se acerca a los 3.000.
Así, entre las conclusiones que presenta este informe, y "a la luz de las carencias que se siguen detectando en la aplicación del salario social", el Defensor se muestra convencido de lo "inaplazable de la derogación del programa actual y sus sustitución por una nueva regulación" en relación a la renta básica, que debería formularse como un derecho subjetivo igual para todos los ciudadanos del Estado en situación de necesidad, si bien hasta tanto la misma se apruebe, la reforma del salario social "no puede aplazarse por más tiempo", asegura.
((HABRÁ AMPLIACIÓN))
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