Margallo: "No entiendo la posición tibia de los empresarios catalanes sobre el 1-O"

José Manuel García-Margallo se encuentra "preocupado" por lo que está sucediendo en Cataluña. Asegura que en el PP y en el Gobierno existe la misma sensación. Si por él fuera, el Ejecutivo de Rajoy debería utilizar el artículo 155 y la Ley de Seguridad Nacional para aplacar a Puigdemont y Junqueras. "¿Por qué no?, afirma. El exministro de Exteriores, en un encuentro personal con Lainformacion.com con motivo de la presentación de su nuevo libro, critica la ausencia del Estado en Cataluña durante los últimos años y el silencio de los grandes empresarios catalanes.

"No entiendo la ambigüedad del empresariado catalán", afirma Margallo. Para el diputado del PP es necesario un "cambio" de actitud de los grandes capos de las finanzas catalanas, "y espero que se produzca". El veterano parlamentario recuerda que "el gran cambio en el País Vasco que determinó el abandono de la senda independentista con Ibarretxe se produjo cuando el empresariado le abandonó". García-Margallo recuerda que las empresas catalanas se enfrentan "a un aislamiento internacional y la exclusión de la Unió Europea", por lo que no entiende que estén "absolutamente ausentes en la defensa de la legalidad" y que mantengan "posición tibia". Les pide una "participación más activa".

Otro problema del que se queja Margallo es el "tremendo silencio" por parte del Gobierno y de los partidos constitucionalistas en Cataluña. "Mientras ellos han hecho una utilización tremenda de los medios de comunicación para difundir este sentimiento único. Llevamos así desde los años 80, en lo que Pujol llamaba "proceso de construcción nacional" y que consistía en inculcar odio a España y pintar una arcadia feliz. Eso es lo que hay que revertir y hay que cambiar las reglas del juego. ¿Qué es lo que podemos reformar para seguir juntos? Es el 'better together' de los británicos".No ha habido presencia del Estado en Cataluña y creo que no hemos tenido una política de comunicación adecuada

¿Ha habido una dejación de funciones del Estado en Cataluña? Responde Margallo: "Creo que ha habido silencio, creo que no ha habido presencia del Estado, creo que la visibilidad del Estado ha sido muy pequeña y creo que no hemos tenido una política de comunicación adecuada para explicar cuáles eran nuestras razones. Y allí donde ha habido una política de comunicación adecuada ha funcionado. Por ejemplo, en el exterior, donde solo han conseguido el apoyo de Maduro con una estelada, lo que no parece lo más brillante".

Una reforma fiscal para llegar a unos resultados parecidos al Cupo

Para solucionar parte de los problemas que presenta Cataluña, García-Margallo propone una reforma fiscal. ¿Cómo se articularía? "A través de un sistema multilateral (todos nos sentamos en la mesa) se podría llegar a unos resultados muy parecidos al Concierto vasco. Abrirles un espacio fiscal propio, con impuestos propios, para que ellos puedan financiar lo que no sean servicios esenciales al nivel que acordemos. La sanidad, educación y prestaciones sociales los financiará el Estado, pero si usted quiere iluminar las carreteras o tener 28 canales autonómicos de televisión eso se lo paga usted. Esa autonomía les permitiría elegir lo que quieren hacer". Esta idea ya la planteó el exministro de Exteriores en 1995 cuando publicó su libro 'Una reforma fiscal para España'.Llegó a plantear su reforma fiscal con Artur Mas y con Oriol Junqueras

Margallo asegura que llegó a hablar de esta reforma fiscal con Artur Mas y con Oriol Junqueras: "A Mas al principio no le pareció mal. Era 2012. Pero luego se empecinó y empezó a apostar por la independencia. También lo hablé con Oriol varias veces, pero no me dio ninguna respuesta expresa. Me dijo que ya era tarde".Partidario de aplicar el artículo 155

José Manuel García-Margallo es partidario de aplicar el artículo 155 en Cataluña: "Es Constitucional, no fue recurrido ante el TC y es copia exacta del artículo 37 de la Ley Federal de Bonn y a nadie se le ha ocurrido decir que Alemania no es un país democrático. En Estados Unidos, cuando la Corte Suprema decide que la segregación de escuelas no es constitucional y cuando el gobernador de Arkansas se niega a aplicar esa sentencia e intenta impedir la entrada de alumnos, Eisenhower le dice: La única seguridad que puedo darte es que la Constitución será sostenida por mí con todos los recursos legales bajo mi poder". ¿Por qué no en España?

Preguntado por si este Gobierno está actuando bien responde con cautela: "Ahora cualquier juicio sobre la labor del Gobierno es contraproducente. Lo único que nos toca como obligación patriótica es ponernos detrás del Gobierno y apoyarle en las medidas que quiera tomar. Luego ya veremos cómo se discute. Hasta el 1 de octubre hay que funcionar con unidad de acción y no regatear". Una reforma constitucional en siete puntos

La reforma de la Constitución que propone el exministro de Exteriores (y que llevaba guardada en un cajón cinco años) "puede ayudar a encajar la situación catalana". Según Margallo, "esto no va a calmar al que es independentista puro, pero sí existe un sector de la población catalana que ha basculado del autonomismo al independentismo y otro que habla de desafección". A estos catalanes es a quienes hay que atraer, dice. La reforma, plasmada en su libro apuesta por "inventar respuestas a los hechos diferenciales de las nacionalidades históricas". En concreto plantea "diseñar una Ley Oficial de Lenguas que desarrollase el artículo 3 de la Constitución, una clausula europea que definiese con claridad el papel de las comunidades autónomas en la definición y ejecución de las políticas de la Unión Europea, la conversión del Senado en una auténtica cámara territorial, la clara delimitación de competencias entre los distintos niveles de gobierno de acuerdo con el principio de subsidiariedad y un nuevo régimen de financiación autonómica inspirado en el principio de federalismo cooperativo".Con estas medidas, afirma Margallo, podría darse un "nuevo marco constitucional renovado en el que Cataluña pudiera sentirse más cómoda, sin por ello alterar los equilibrios internos precisos en todo Estado descentralizado, se denomine federal o autonómico… o como se desee. Porque aquí también vale aquel aforismo de Fichte: 'No importa el nombre, sino la cosa'".Margallo distinque entre las reformas de la Constitución que necesitarían un procedimiento ordinario y otro agravado. Entre estas últimas se encuentran la ya citada sobre Cataluña, así como suprimir la preferencia del varón en la sucesión al trono. Para el diputado del PP, haría falta modificar el artículo 57.1, "eliminando sin más la referencia" o idear una "fórmula jurídica imaginativa", como por ejemplo, "incluir una nueva disposición adicional que diera pie al desarrollo por ley orgánica de preceptos constitucionales con necesidad de ser interpretados conforme a obligaciones internacionales asumidas mediante tratadas".Para el exministro, no es necesario "tocar la formulación del artículo sobre la inviolabilidad del Monarca, ya que la interpretación conjunta de este precepto con el resto de la Constitución y con los tratados internacionales celebrados por España conduce a una salida razonablemente consecuente. Cuestión diferente es, a su vez, si resulta realmente conveniente que la institución de la Corona sea regulada en una Ley Orgánica", apunta.Otra propuesta de Margallo, ya dentro de la reforma constitucional que necesitaría un procedimiento ordinario, pasa por introducir en la Carta Magna una "referencia expresa a la participación de España en el proceso de integración europea". Existen, a su modo de ver, diversas opciones: referencia general en el título preliminar y regulación en el capítulo del Título III sobre las Cortes Generales dedicado a los tratados internacionales (artículo 93 a 96). O bien incluirlo en el título VIII al regular la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos de la Unión. Para él, lo más operativo es ubicar esta referencia en el artículo 93.García-Margallo también considera "imprescindible" una referencia en nuestra Constitución "a la regulación del procedimiento de prestación del consentimiento para la ratificación de los tratados constitutivos (y sus reformas), incluir los principios básicos para la aplicación en España del Derecho de la Unión y mencionar las funciones del juez ordinario como juez europeo". Y añade: "Si consideramos el potencial clarificador que podría tener esta cláusula, podría resultar conveniente aprovechar la ocasión para aludir también a la participación de las Comunidades Autónomas en las cuestiones europeas; a mayor abundamiento, descendiendo a un escalón ya meramente técnico-jurídico pero igualmente relevante, sería aconsejable la inclusión añadida de los principios de responsabilidad (del Estado y de las Comunidades Autónomas) por la ejecución del Derecho de la Unión y, sobre todo, del importante principio de subsidiaridad, regulado en el artículo 5.3 TUE".El modelo de Senado por el que apuesta MargalloLa reforma del Senado también es otro aspecto que Margallo abordaría en una reforma constitucional. Para él la Cámara Alta "es un duplicado del Congreso de los Diputados pero subordinado a aquél y sin aportar ningún elemento de mejora al Estado autonómico". Su apuesta es convertir el Senado "en una verdadera cámara territorial". ¿Cómo? Que los senador sean designados "en su totalidad por los parlamentos autonómicos (y Asamblea de las Ciudades Autónomas) mediante un sistema mayoritario, con voto limitado. De este modo se lograría un Senado de designación parlamentaria regional (y de los gobiernos autonómicos) y se fijaría un mínimo de cinco senadores por cada Comunidad Autónoma y se añadiría uno más por provincia en el caso de las Comunidades pluriprovinciales —serían dos en el caso de Canarias para acoger la especificidad propia— y otro más por cada millón de habitantes; Ceuta y Melilla mantendrían los dos senadores que le corresponden actualmente a cada una".El Senado que propone Margallo "tendría 175 miembros: habría tres Comunidades Autónomas con 5 senadores (La Rioja, Cantabria y Navarra), otras tres con seis (Balares, Asturias y Murcia), una con 8 (Extremadura) y otra con 9 (Aragón), tres con 11 (Canarias, Galicia y Madrid), una con 13 (Valencia) dos con 16 (Cataluña y Castilla y León) y finalmente otra con 21 (Andalucía)". El exministro de Exteriores explica que "se trataría, pues, de un Senado inspirado –siquiera lejanamente- en el modelo federal alemán, pero matizado con el mantenimiento de la provincia como criterio añadido al poblacional y sustituyendo la representación de los gobiernos por una representación de los parlamentos autonómicos. Con ello, se lograría además una cierta reducción de su número de miembros, ya que pasarían de los 266 actuales a 175".Margallo también eliminaría del Senado "la confianza que sustenta al Gobierno" de forma que quedaría limitada solo al Congreso. Así, "el Senado no debería poder ser disuelto por el Presidente del Gobierno(artículo 115) ni quedaría automáticamente disuelto en el caso de imposibilidad de constituir la relación de confianza (artículo 99.5). La (novedosa) experiencia política por la que hemos atravesado en España durante 2016 muestra que esta cuestión está lejos de ser meramente académica", apunta.La sexta reforma que plantea García-Margallo pasa por una reforma del título VIII (organización territorial del Estado) en la que propone seis cambios: precisar el reparto de competencias en materia de administración local, introducir el concepto de "lealtad autonómica" y mecanismos de cooperación entre comunidades autónomas y Estado, incluir referencia expresa al nombre de las autonomías, incorporar el recurso previo de inconstitucionalidad de las leyes de reforma de los Estatutos de Autonomía antes de la celebración del referéndum, introducir el concepto de "corresponsabilidad fiscal" y "un nuevo sistema de reparto de recursos con las autonomías, y, por último, incluir una "referencia expresa al principio de subsidiariedad que permitiera no olvidar la autonomía local, garantizar su financiación y evitar duplicidades en la prestación de servicios".Margallo propone la necesidad de "mantener los principios generales de autonomía financiera de las comunidades autónomas (artículo 156.1) y solidaridad interterritorial (artículo 158.2), pero completarlos con los principios de corresponsabilidad fiscal y un nuevo sistema de reparto de recursos con las autonomías (reforma de los artículos 133.1 y 157). El Estado se reservaría los impuestos que afecten al mercado o vengan indirectamente exigidos, por obligaciones derivadas de la pertenencia al mercado único de la UE (IVA e impuesto de sociedades). El resto corresponderían a las comunidades autónomas (IRPF, Patrimonio, precios públicos, etc.)".El exministro plantea una séptima reforma que consiste en acabar con "las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, quinta, sexta, séptima y octava que afectan respectivamente al régimen provisional de autonomía, transitoriedad en materia de mayoría de edad en los regímenes forales, retraso de la iniciativa de las corporaciones locales en el proceso autonómico hasta la celebración de las elecciones locales posteriores a la entrada en vigor de la Constitución, posibilidad de constitución de Ceuta y Melilla como Comunidades Autónomas, fijación del orden de entrada de los proyectos de Estatuto de Autonomía, disolución de los órganos autonómicos provisionales y régimen de las Cámaras que aprobaron la Constitución".Todas estas propuestas se encuentran incluidas en el libro 'Por una convivencia democrática' que sale a la venta este jueves. El exminsitro ha contado con la colaboración de Josep Piqué, que escribe el prólogo, y de Alfredo Pérez Rubalcaba, que se encarga del epílogo.