La mujer y el hijo de Miguel Rosendo dicen que pagaban los gastos con sus ahorros pero acusación no los ve justificados

EUROPA PRESS
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Madre e hijo han comparecido este miércoles por videoconferencia desde la localidad madrileña de Collado Villalba ante Juzgado de Instrucción número uno de Tui (Pontevedra), como investigados por supuesto delito contra la Hacienda Pública, delito por el que también son investigados el propio Rosendo y su hija, quienes ya declararon el pasado viernes.

Según la abogada de la acusación, Ana Reguera, el discurso de madre e hijo ha sido "surrealista total": Lo han "adaptado" a las afirmaciones que hizo Miguel Rosendo el viernes, y han cambiado sus declaraciones respecto a las que realizaron meses atrás como testigos, lo que han justificado en que "se habían equivocado" porque en aquel momento "no tenían documentación delante".

La letrada ha mantenido, en declaraciones a Europa Press, que, si bien "de la mayoría de las cosas dicen que no saben", ambos han incurrido en contradicciones respecto a sus versiones anteriores y entre ellos, como en lo relativo al coste de las reformas de su vivienda en Collado y a las cantidades percibidas de Ignacio Oriol. "Cada uno dice una cosa", ha aseverado.

En este sentido, ha apuntado que aunque la familia dice que afrontaba los gastos con sus ahorros, "no justifican de donde salen", y ha concluido que "no hay tales ahorros". "El tema económico lo veo clarísimo. Es un despropósito, es mucho dinero que recibieron en donaciones e invirtieron en las casas y no saben dar explicación", ha sostenido, antes de insistir en que "hay blanqueo como un mundo".

Tal y como trasladó el TSXG, estas dos declaraciones son las últimas señaladas hasta el momento en el marco de esta causa, siendo las últimas diligencias pendientes junto a un informe pericial económico más, si bien la abogada de la acusación ya ha adelantado que posiblemente pedirá más testificales y documentales.

EL DELITO "NO EXISTE"

La abogada de Miguel Rosendo, María Teresa Quintana-Drake, el pasado viernes mantuvo que el supuesto delito contra la Hacienda Pública "no existe", porque la propia Agencia Tributaria dice en su informe que el patrimonio de los cuatro familiares juntos "excede en 2.000 euros" el límite para poder considerarse como tal, si bien la cantidad debería ser a título individual, "no en conjunto".

Asimismo, aseguró que el líder de la Oden ha reconocido que "ganaba muchísimo dinero" cuando trabajaba en la herboristería y, en cuanto a las viviendas, ha defendido que compró el terreno de Mougás en 1994 y "fue construyendo a los largo de muchos años", y que el pago de la vivienda de su hija también "está completamente justificado y documentado".

Precisamente la hija, quien, según la abogada, tiene una discapacidad psíquica certificada y por tanto es "inimputable", declaró que no sabe qué cuentas tiene aunque sí conoce que tiene una pensión de unos 500 euros. Además, ha sostenido que su padre le pidió permiso para utilizar dicha pensión como parte para construir su casa. "De lo demás no sabe nada", finiquitó la letrada.

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