RIVERA QUIERE QUE EL NOMBRAMIENTO Y REVOCACIÓN DEL FISCAL GENERAL DEPENDAN DEL CONGRESO

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quiere que el nombramiento y la posible revocación del fiscal general del Estado dependan de una mayoría reforzada del Congreso de los Diputados y no del Gobierno, para asegurar de esa forma la independencia de los fiscales.
Así lo propondrá Ciudadanos en la proposición de ley para reformar el funcionamiento del Ministerio Fiscal que el partido prevé presentar la próxima semana, aunque no será sometida al primer trámite parlamentario hasta después del verano.
Según explican desde el partido, quieren presentar esa proposición para dejar clara su posición en pleno debate sobre la independencia de los fiscales al hilo de las informaciones publicadas sobre el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix.
Sin embargo, Ciudadanos no tendrá cupo para elevar una proposición de ley al Pleno hasta que comience el próximo periodo de sesiones, en septiembre, y será entonces cuando se debata la toma en consideración.
Mientras, apuntan, aprovecharán para negociar con el PSOE, una vez que ese partido haya superado su Congreso y se haya consolidado una interlocución, y también con Unidos Podemos y con el PP para buscar una mayoría que permita la tramitación de la propuesta.
Uno de los objetivos esenciales es que el fiscal general del Estado, del que dependen jerárquicamente todos los demás fiscales, no sea nombrado por el Gobierno sino por el Congreso de los Diputados mediante una mayoría reforzada que Ciudadanos aún no tiene fijada y que puede ser negociada, pero que oscilaría entre los dos tercios y los tres quintos de la Cámara.
Con esa misma mayoría podría ser revocado, de forma que su continuidad no estaría vinculada en ningún caso a su afinidad con el Gobierno de turno.
Además, tanto quien aspire a ocupar la Fiscalía General del Estado como los máximos responsables de otras fiscalías, como la Anticorrupción, tendrían que superar audiencias de los parlamentarios, que los someterían a interrogatorios para determinar su idoneidad.
Otro de los objetivos que Ciudadanos persigue con esa reforma es que las órdenes que los superiores cursen a los fiscales a su cargo tengan que formalizarse siempre por escrito y de forma genérica, sin referirse en ningún caso a causas concretas.
Con ello la formación pretende limitar las posibilidades de interferencias en casos sometidos a investigación o juicio.
Insisten además en la necesidad de preservar la autonomía presupuestaria de la Fiscalía para que sus recursos no dependan del Ministerio de Justicia y, en última instancia, del Gobierno. Pretenden regularlo como ya están las cámaras legislativas o el Defensor del Pueblo, por ejemplo.