El caso de Gabriela Zapata, expareja del presidente boliviano Evo Morales, que cumple arresto provisional en una investigación por corrupción, es seguido por la oficina local de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informó el martes su representante Denis Racicot.
"Monitoreamos el caso y estamos en contacto permanente con Gabriela Zapata. Anoche (lunes) una comisión estuvo presente hasta la medianoche observando qué pasaba en el penal", donde un grupo de internas manifestó pidiendo que la expareja del presidente sea trasladada a otra cárcel.
"Unas 15 personas se han movilizado (la noche del lunes), han procedido a quemar algunos colchones, algún mobiliario. La policía se ha visto forzada a intervenir, ha utilizado inclusive agentes químicos. La situación está bajo control", explicó acerca del incidente el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero.
Zapata, quien dice ser madre de un hijo del presidente Morales, recurrió a la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para pedir garantías, al estimar que su vida en la cárcel está en peligro.
"Me han drogado anoche, incluso han intentado golpearme, me han amenazado", denunció el pasado jueves.
La denuncia de agresiones ocurrió después de que el abogado de Zapata revelara la semana pasada supuestos diálogos de tono sentimental que la mujer habría mantenido con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, vía WhatsApp.
La oposición asegura que Zapata aprovechó sus influencias en el gobierno para hacer negocios, mientras que el oficialismo descarta vínculos con ella, pese a que admiten que trabajaba desde una oficina habitualmente asignada a la primera dama.
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